11 de marzo de 1949: Jura de la Constitución Justicialista

El 11 de marzo de 1949 la Convención Nacional Constituyente aprueba y jura la reforma de la Constitución Nacional. Un cambio revolucionario se operó a nivel jurídico en el país, ya que se pasó de un texto constitucional liberal a uno imbuido en el espíritu social del primer peronismo más la impronta intelectual de Arturo Sampay.

El presidente Juan Domingo Perón el 1° de mayo de 1948, al inaugurar el 82° período legislativo en el H. Congreso de la Nación, explicitó la necesidad de actualizar nuestra Carta Magna: “La reforma de la Constitución Nacional es una necesidad impuesta por la época y las conveniencias de una mayor perfectibilidad orgánico institucional. Por lo grande que fuera el sentido de previsión de nuestros constituyentes, el mundo ha evolucionado de una manera tal que cuando se estableciera hace un siglo ha debido ser influido por la fuerza de nuevos y decisivos acontecimientos. (…)

También abordó el tema más polémico para opositores, y no pocos oficialistas, que fue la reelección presidencial: “…referente a la modificación del artículo 77, a fin de que el presidente pueda ser reelecto sin periodo intermedio. Mi opinión es contraria a tal reforma, y creo que la prescripción existente es una de las más sabias y prudentes”.

Culminó con esta consigna: “Es menester cambiar al hombre por la bandera. Esa bandera será nuestra doctrina y nuestros objetivos. Hagamos actuar a otros hombres, que ese es el único camino que nos conducirá, por evolución orgánica, a la consolidación y perennidad de nuestro movimiento”.

La idea de Perón fue dejar institucionalizado su movimiento y, pasado un período presidencial, volver con fuerza y legitimidad a ocupar la primera magistratura.El triunfo pleno en las elecciones legislativas, la normalización de la gestión pública y el fin de las rebeldías internas peronistas seguramente hicieron prever que podía dejar un movimiento político latente, de apoyo cierto – pero condicionado – a su futuro sucesor, que a todas luces se vislumbró en Domingo Mercante, gobernador de la provincia de Buenos Aires.

En discursos posteriores habló de avanzar a denominar Justicialismo al naciente movimiento para evitar excesivos personalismos y confiar en la dirigencia intermedia partidaria. Eso fue un guiño directo a las aspiraciones mercantistas, quienes con su equipo político, con Arturo Jauretche y muchos ex miembros de FORJA, pensaban en tomar las riendas del poder nacional en algunos años.

Para el 23 de junio de ese año varios diputados peronistas presentan un proyecto de reforma a la Constitución, al tiempo que se suman otras iniciativas. Santiago Régolo en Hacia una democracia de masas… (2012), señaló: “La ley 13.233, dictada el 27 de agosto de 1948, planteaba la revisión y reforma de la Constitución Nacional a fin de suprimir, modificar, agregar y corregir sus disposiciones “para la mejor defensa de los derechos del pueblo y del bienestar de la Nación”. La Cámara de Diputados presentó el proyecto de ley para la reforma habiendo analizado previamente los anteproyectos elaborados por los diputados Eduardo Colom, José Emilio Visca, John W. Cooke, Luis Atala, José María Villafañe, Héctor Cámpora y otros”.

Más allá del debate si se aplicó correctamente la interpretación de los dos tercios, que indica el artículo 30 de la CN, necesarios para declarar la reforma, lo cierto fue que el proceso de reforma obedeció a discusiones de años anteriores que buscaron actualizar el texto constitucional a los tiempos sociales que corrían en el mundo.

Pero los acontecimientos de septiembre que involucraron a Cipriano Reyes en un supuesto atentado contra Perón dispararon una serie de medidas que violentaron los ánimos, tal como lo expresó el presidente en su discurso del 24 de ese mes en los balcones de la Casa de Gobierno. También Evita se sumó, fustigando los intentos de asesinarlos, con el consiguiente llamado a la unidad y defensa de la obra de Perón. Esa dureza, alimentada por cierto sector oficialista de claro perfil obsecuente, potenció ciertas actitudes que hicieron de la reforma constitucional una reafirmación del liderazgo de Perón ante la sociedad y los propios partidarios.

La reforma buscó incorporar una moderna concepción social y económica en sus postulados como superación del sentido liberal de la Constitución de 1853, a saber: Decálogo de los Derechos del Trabajador; Decálogo de los Derechos de la Ancianidad (impulsados por Evita), Derechos de la Familia y de la Cultura; la economía al servicio de la comunidad, la nacionalización de los servicios públicos, comercio exterior y fuentes de energía; la iniciativa privada sujeta a fines comunes; actividad económica del Estado como proveedora de rentas, y demás conceptos del constitucionalismo social.

Arturo Sampay, constitucionalista de Entre Ríos, fue uno de los puntales del nuevo texto. De inicial militancia yrigoyenista, se sumó al naciente movimiento liderado por el coronel Perón. El encuentro entre el jurista y el militar revolucionario se habría efectuado en 1944, con el antecedente que el propio Perón ya habría leído años antes una de las obras del enterriano. Al tiempo Atilio Bramuglia, antes de ser el primer Canciller de Perón, había sido designado en 1945 interventor de la provincia de Buenos Aires, y nombró a Sampay primero como Subasesor de Gobierno, luego Asesor y, finalmente Fiscal de Estado, cargo en el que fue ratificado al asumir Domingo Mercante como primer magistrado bonaerense.

Según Alberto González Arzac en su obra sobre el constitucionalista del 2011 afirmó: “Sampay elaboró el proyecto de la parte dogmática de la Constitución, otorgándole una estructura que finalmente sería aprobada… La similitud del proyecto de Sampay y el texto aprobado fue muy grande, pese a diferencias en algunos artículos. Conservó la tradición católica observada a lo largo de nuestra historia constitucional, incorporando nuevas concepciones que estaban en armonía con el moderno pensamiento cristiano… en lo referido a la actividad económica fue célebre el artículo 40, cuyas cláusulas relativas a los servicios públicos fueron redactadas por Sampay en colaboración con Juan Sábato y Jorge del Río, que aprobaron sus criterios, y a la postre consultados por otros dos amigos: Raúl Scalabrini Ortiz y José Luis Torre”.

Originariamente no se planteó la reelección presidencial. Esto fue obvio para Perón, y también para Evita, Teissaire y su entorno. Hipólito Paz, ministro de Relaciones Exteriores y Culto, en sus memorias de 1999, escribió: “El círculo más próximo a Perón aventuró que él no iba a propiciar la reforma del artículo de la Constitución… Tessaire y Subiza me refirieron que lo encontraron a Perón nervioso. ‘No he podido pegar los ojos en toda la noche’, les dijo en sendas confesiones… Tessaire le dijo: ‘Si se pretende mantener el artículo iremos a la huelga general’. Los términos en que se expresó Subiza fueron similares. Perón hizo un gesto permisivo. Cada uno de ellos, por su lado, tenía luz verde para avanzar. Y lo hicieron. Desde luego otros se movieron en igual sentido”. 

Con Mercante como presidente de la Convención Constituyente fue evidente para este grupo incorporar dicho artículo, siendo desautorizado el gobernador bonaerense, quien debió acatar la voluntad de la mayoría y aceptarla como hecho consumado.

En cuanto a los constituyentes radicales, encabezados por el escritor Ricardo Rojas, si bien protestaron por el tema de los “2/3” y se retiraron de las deliberaciones, se aprestaron a jurar dicho texto.

Igualmente, lo fundamental fue lo que significó dicho texto constitucional no sólo en nuestro país sino en el resto de la región. Para el peruano Manuel Seoane, referente histórico del Aprismo, la calificó como “un nuevo Ayacucho”, haciendo alusión a la, en lo formal, última batalla de nuestra independencia suramericana. De igual modo fue muy bien recibida en Brasil por los seguidores de Getulio Vargas, en Chile por los sectores que apoyaban a Ibáñez del Campo, y también por el Movimiento Nacionalista Revolucionario de Bolivia, tanto en su país como con sus seguidores exiliados en Argentina que apoyarían el triunfo de Paz Estensoro.

Vale mencionar a los detractores, denunciando que la Constitución de 1949 fue una copia de la “Carta del Lavoro” en Italia, texto de treinta capítulos promulgado el 21 de abril de 1927 a instancias de Benito Mussolini, que no puede equiparase a una Constitución, con su preámbulo, parte dogmática y orgánica, y que mentes prejuiciosas como Juan José Sebreli, Lilita Carrio y La Nación con su editorial del 2011 “Peronismo, la emulación del fascismo”, entre muchos otros, pudieron sostener semejante falsedad. Del otro lado el padre Julio Meinvielle, referente de la extrema derecha, la acusó de imponer la “estatización y proletarización del país” como una “concepción diametralmente opuesta a la de la sociología católica”, y el capitán ingeniero Álvaro Alsogaray, y algún trasnochado de la Revolución Libertadora, vio en el texto “atisbos de comunismo”. Justamente, hablando de los “fusiladores”, desde un medio periodístico de la época se celebró el golpe refiriendo a que “había caído el infame artículo 40”, prueba del impacto que para los sectores del poder oligárquico había significado esta Constitución.

La vuelta de Perón en los ’70 planteó otra reforma con base a la del ’49 pero dotándola de nuevos institutos de democracia social, frutándose con la muerte del líder. Y en la reforma de 1994 pos Pacto de Olivos dicha reforma ni siquiera fue considerada como antecedente.

Valga este recuerdo para el documento que certificó la revolución peronista de los años ’40 y ’50 y que aún busca que se la reivindique y rehabilite en nuevos debates sobre qué proyecto de Nación queremos.

*Pablo A. Vázquez. Licenciado en Ciencia Política. Secretario del Instituto Nacional Juan Manuel de Rosas.