Algo huele mal en América Latina

Proscripciones por un lado, desestabilizaciones por el otro, son el saldo de la última semana en América Latina. El avance de las fuerzas de derecha a nivel regional es un fenómeno que viene dándose en los últimos años (ya sea mediante golpes de Estado de nuevo tipo o procesos electorales) como así también las ofensivas contra los pocos bastiones políticos que aún resisten.

En un mismo día fuimos testigos de dos hechos que deberían escandalizarnos.

Por un lado, la ratificación del Tribunal de Casación de la condena a Rafael Correa a 8 años de prisión y 25 de inhabilitación política. Nuevamente, un fallo judicial catapultó con suma celeridad –acorde a la velocidad que se le impartió al mismo proceso- la esperanza de un posible retorno del ex mandatario a su tierra y a la política. Esto se inscribe en la inhabilitación que previamente había hecho el Consejo Nacional Electoral (CNE) so pretexto de no haberse presentado de forma personal, sino a través de su apoderada. Una paradoja de la historia que se pueda juzgar a un expresidente de la Nación en ausencia y condenarlo como se hizo, pero que se le niegue presentar la candidatura a través de su representante jurídica ante un Estado que lejos está de poder garantizar los derechos constitucionales básicos en caso de pisar el territorio nacional. A partir de la modificación de la Ley Orgánica de Organizaciones Políticas (2018) los condenados con sentencia ejecutoriada por peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho u otros actos de corrupción, quedan impedidos de ser candidatos como de ejercer cargos públicos, independientemente de los tiempos de la pena. La adecuación del sistema normativo a los objetivos políticos de los grupos de poder busca dotar de legalidad (y proveerle legitimidad) a lo que no es más que un proceso de proscripción. Es la institucionalización del lawfare.

Por otro lado, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazó la candidatura a senador de Evo Morales por el departamento de Cochabamba. Para el ente electoral, Evo no cumplió con el requisito de residencia (haber vivido al menos dos años en el lugar por el que está candidateando). Desde el golpe de Estado ocurrido en noviembre de 2019, tuvo que asilarse primero en México y luego en Argentina ante las faltas de garantías jurídicas que enfrentaba. Esto fue ratificado por un fallo judicial, por lo que su inhabilitación también quedó firme.

De este modo, tanto Rafael Correa como Evo Morales fueron proscriptos de los procesos electorales que se avecinan. Podemos tomar como antecedente el caso de Brasil, ya que la actual presidencia de Jaír Bolsonaro no podría explicarse sin el golpe de Estado -que asumió la modalidad de impeachment- contra Dilma Rousseff y la posterior detención e inhabilitación de Lula Da Silva como candidato a presidente.

Las guerras judiciales contra los ex mandatarios tienen estos trágicos saldos para las democracias en América Latina ante fuerzas que, enarbolando discursos en defensa de la democracia y sus instituciones, el estado de derecho y la república, socavan los estamentos de las mismas creando situaciones de excepcionalidad jurídica y política que pretenden arrinconar a los pueblos. Ahora bien, esos desplazamientos a los límites de la institucionalidad, ¿hacia dónde nos llevan? Algo huele mal América Latina. Los golpes de Estado en Honduras (2009), Paraguay (2012), Brasil (2016) y Bolivia (2019) y estos procesos proscriptivos, nos muestran la antojadiza relación de las derechas con las reglas del juego democrático. Y los peligros que afrontamos (y enfrentamos) los pueblos.

La ofensiva de las derechas y los procesos de desestabilización permanente

En Argentina la policía bonaerense se sublevó. Amparados en un reclamo salarial comenzaron rodeando la gobernación de la Provincia de Buenos Aires y, con las patrullas y las armas reglamentarias, pernoctaron con sus sirenas encendidas. El reclamó se extendió a otros puntos de la provincia de Buenos Aires y hasta llegó al Servicio Penitenciario, que también se plegó a la protesta. Un policía bonaerense de La Matanza se subió “espontáneamente” a una torre amenazando con tirarse, lo que mantuvo en vilo a la prensa gran parte del día. Pero la jornada alcanzó el punto más álgido cuando con el ulular de sirenas rodearon con patrulleros la Quinta de Olivos. Sí, el lugar donde reside el Presidente de la Nación.

Las fuerzas de seguridad del Estado son las que detentan el monopolio de la violencia legítima. Ahora, ¿qué sucede cuando emplean dicha fuerza para amenazar a las autoridades legalmente constituidas? Se transforman en actos sediciosos. Ningún fiscal actuó de oficio, algo que llamaría la intención sino fuera por la persistencia de Julio Conte Grand como Procurador en la Provincia de Buenos Aires que, por mucho menos, impulsó causas judiciales contra compañerxs por manifestaciones consideradas como “incitación a la violencia”.

Alberto Fernández, como prenda de diálogo, quiso recibirlos. Pero los policías sublevados se negaron y exigieron al mismo presidente de la República a salir a la calle a negociar con ellos. Una muestra de un desacato imperdonable para quienes detentan el poder de las armas y la violencia física legítima. Nuevamente, hay que sacar el foco de lo local. En Ecuador en el año 2010 hubo un levantamiento policial por un supuesto reclamo gremial. El por entonces presidente, Rafael Correa, se acercó a las inmediaciones para negociar y fue capturado por las mismas fuerzas de seguridad. Un intento de golpe de Estado que logró frustrarse, entre otras cosas, gracias a la intervención de los países de la región articulados en la Unasur.

Hay un clima de zozobra permanente en nuestro país. Días atrás Eduardo Duhalde en la TV había anunciado la posibilidad de un golpe de Estado sin inmutarse. La oposición, en un curioso reclamo por no querer sesionar virtualmente, obturaba la realización del acto legislativo y, mientras tanto, un grupo reducido -pero no insignificante- de personas se reunían en la puerta del Congreso denunciando un golpe de Estado. Tampoco se quedó atrás Elisa Carrió con sus expresiones desafortunadas y poco felices, quien también hizo referencia a un posible golpe institucional. Ni Duhalde ni Carrió son locxs o psiquiátricxs. Son bien conscientes de lo que dicen y para quienes lo dicen, lo que generan y los objetivos que promueven.

Ante esta crisis policial el gobierno del Alberto Fernández anunció un Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la provincia de Buenos Aires que se financiará con un punto de coparticipación que percibía la ciudad de Buenos Aires. Una reparación ante fondos que habían sido reasignados a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por decreto del expresidente Mauricio Macri. El Consejo Nacional del PRO calificó la quita de coparticipación como “inconstitucional, injusta y prepotente” y que se trata de una “pésima señal para la convivencia política y democrática en Argentina”. Sí, la convivencia democrática. Nuevamente la democracia en disputa.

Tenemos que estar atentos y atentas.  Sin duda, están alimentando un clima de desestabilización permanente y de zozobra tanto en el plano institucional como en la calle, fogoneando de forma irresponsable no solo a sectores civiles sino, ahora también, a las fuerzas de seguridad. Es urgente entonces, reconocer los actores y sus intenciones, y unir filas. No se trata de una mirada conspirativa, son de manual. Gene Sharp ya analizó las formas que asumen las guerras en el siglo XXI a partir de la creación de climas de inestabilidad a partir de operaciones de guerra psicológica que tienen como objetivo el debilitamiento de los gobiernos y su deslegitimación política. Hay que defender la soberanía popular y la legitimidad del gobierno. Se trata no solo de nuestra Nación, sino de impedir que sigan avanzando sobre América Latina.

*Licenciada en Sociología y maestranda en Estudios Sociales Latinoamericanos (Facultad de Ciencias Sociales, UBA). Becaria UBA categoría doctoral con sede en el IEALC. Secretaria de redacción de [email protected] Revista Electrónica sobre estudios Latinoamericanos.