¡Ampárame de ciertos amparos!

 El amparo de los jueces sanjuaninos en contra de la Interrupción Voluntaria del Embarazo

En abril de este año un hombre presenta en el Poder Judicial de la Provincia de San Juan un amparo para evitar que su ahora ex esposa accediera a los beneficios de la ley Nº 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Este amparo es resuelto favorablemente por la Sala III de la Cámara Civil provincial argumentando que al estar todavía casados (se separan con motivo del desacuerdo en la IVE), los cónyuges se comprometieron a “desarrollar un proyecto de vida en común”, por lo que la decisión necesita “de la confluencia de ambas voluntades” y solicitan a la mujer que por el plazo 72 horas, “se abstenga de realizar cualquier práctica que tienda a interrumpir el embarazo hasta tanto la cuestión de fondo sea resuelta” en nombre de la “presunción de paternidad”. Con posterioridad se confirma que el embarazo había sido interrumpido el 21 de abril, quedando sin efecto la medida cautelar deviniendo abstracto el amparo interpuesto. El caso tiene repercusión mediática pero deja instalada la duda sobre lo que no hay dudas: el hombre no tiene ningún derecho sobre el cuerpo de su esposa/ conviviente/ amante o pareja sexual ocasional.

Lo interesante de este caso es que parece que los jueces no leyeron la ley 27.160 que establece que mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a decidir la interrupción del embarazo, acceder al sistema de salud para interrumpirlo y para recibir atención postaborto y prevenir los embarazos no intencionales mediante el acceso a la información, la educación sexual integral y métodos anticonceptivos eficaces.

La ley se sustenta en el bloque constitucional de derechos humanos (art. 75 inc.22) en especial la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) y su Protocolo Facultativo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en virtud de la protección que otorgan a los derechos sexuales y reproductivos, a la dignidad, a la vida, a la autonomía, a la salud, a la educación, a la integridad, a la diversidad corporal, a la identidad de género, a la diversidad étnico-cultural, a la privacidad, a la libertad de creencias y pensamientos, a la información, a gozar de los beneficios de los avances científicos, a la igualdad real de oportunidades, a la no discriminación y a una vida libre de violencias.

Se puede acceder a la IVE hasta la semana 14 del proceso gestacional. Excepcionalmente puede solicitarse fuera de ese plazo: a) cuando el embarazo fuere resultado de una violación, con el requerimiento y la declaración jurada pertinente de la persona gestante, ante el personal de salud interviniente; en los casos de niñas menores de trece (13) años de edad, la declaración jurada no será requerida; b) si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante.

Los derechos en la atención de la salud incluyen: a) trato digno, que implica respecto a las convicciones de la paciente, como estrategia para erradicar prácticas violentas en personas con capacidad de gestar; b) privacidad para que quien requiera la intervención se sienta en un ambiente de confianza, con respeto a su intimidad, dignidad y autonomía de la voluntad con el consiguiente resguardo de la confidencialidad. Solo se compartirá información o se incluirá a su familia o a su acompañante con su expresa autorización y deberá protegerse a la paciente de injerencias ilegítimas por partes de terceros.; c)confidencialidad de modo que el secreto médico sea durante el proceso de atención y posteriormente también salvo autorización escrita de la paciente; d) autonomía de la voluntad: se deben respetar las decisiones de las pacientes respecto al ejercicio de sus derechos reproductivos, las alternativas de tratamiento y su futura salud sexual y reproductiva. Las decisiones de la paciente no deben ser sometidas a juicios derivados de consideraciones personales, religiosas o axiológicas por parte del personal de salud, debiendo prevalecer su libre y autónoma voluntad;  e) acceso a la información, esto es, escucha activa y respetuosa de las pacientes para expresar libremente sus necesidades; derecho a recibir la información sobre su salud; información sobre los distintos métodos de interrupción del embarazo, los alcances y consecuencias de la práctica, la información debe ser actualizada, comprensible, veraz y brindada en lenguaje y con formatos accesibles. Deben informar los derechos protegidos en la presente ley aunque no haya solicitud explícita; f) calidad, esto es, la  atención será brindada siguiendo los estándares de calidad, accesibilidad, competencia técnica, rango de opciones disponibles e información científica actualizada

A su vez deberán ser informadas sobre el tratamiento del aborto y de la salud sexual y reproductiva, procedimiento y cuidados posteriores, atención integral de su salud en todo el proceso, acompañamiento en el cuidado de la salud, información sobre los métodos anticonceptivos disponibles

Tienen que dar su consentimiento informado. Se prevén hipótesis de objeción de conciencia que no pueden impedir jamás la voluntad de quien requiera la IVE.

Del texto legal surge claramente:

  1. Que ni matrimonio, ni las uniones convivenciales, ni las clandestinas, ni las transitorias le dan derecho a un hombre sobre el cuerpo, la salud y la vida de una persona gestante.
  2. Que el Poder Judicial no puede obligar a ninguna persona gestante a continuar con el embarazo, dado que lo dice la ley. Es más, expresamente surge que debe protegerse a la paciente de injerencias ilegítimas por parte de terceros. Esa imposición puede infligir sufrimientos inaceptables que pueden calificar como tortura.
  3. Los jueces que judicializaron lo no judicializable, que no leyeron la ley, que hicieron una injerencia ilegítima sobre la paciente son pasibles de un Jury. Sería bueno que se los capacitara en género, Educación Sexual Integral y que leyeran la ley 21.760 y sobre todo que tuvieran en claro las obligaciones que asumen cuando son magistrados. Es cierto que los legisladores de San Juan estuvieron en contra de la IVE, pero el Poder Judicial está para aplicar leyes, no para inventarlas, ni sabotearlas.

Y el cuerpo la salud y la vida de una persona gestante le pertenece solo a ella. Ahora, también por ley.

Sigamos pensando.

 *Laura Cantore. Feminista. Dra. en Derecho y Cs. Sociales. Postdoctorada en Géneros