Argentina en disputa por servicios esenciales

«Vamos a hacer de Internet un servicio público».

Claro mensaje del presidente Alberto Fernández en Tecnópolis el pasado 9 de agosto a las empresas de telecomunicaciones por los aumentos de las tarifas no autorizados por el organismo regulador ENACOM.

Durante el lanzamiento de la segunda etapa de «Argentina Programa», el presidente puntualizó en el servicio de internet que profundizó la brecha en el acceso entre quienes podían pagar la conectividad para continuar con las clases y quienes no. «Sabemos que vivimos en un país injusto», expresó el presidente de la Nación y agregó: «Vamos a hacer de Internet un servicio público, para que no nos sigan robando con las tarifas. Y que se enojen los que se tengan que enojar».

¿Democracia o corporaciones?

El pasado 22 de junio, un tribunal federal de Argentina resolvió por mayoría denegar los recursos extraordinarios interpuestos por el Estado Argentino. El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) realizó la presentación contra la sentencia que favoreció a Telecom Argentina mediante la cual, la empresa no se ajustará a los controles de precios acordados por el regulador estatal.

El argumento principal que exponen los grandes grupos económicos, como Cablevisión Holding (Grupo Clarín), dueños de las firmas que monopolizan los mercados de Internet, telefonía móvil y TV paga, es que los aumentos autorizados por el ente regular producen “daños irreparables a la economía de la empresa”, por lo cual buscan la suspensión del decreto 690/20 que declaró los servicios mencionados como “esenciales” y que regula el precio de los mismos desde diciembre de 2020.

Telecom Argentina celebró lo que es un nuevo golpe a su favor en la disputa por los precios contra el Estado Argentino. La empresa informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal denegó el recurso presentado por el Estado en su contra. Agregó que la resolución con fecha 18 de junio pasado, tomó estado público el 22 de junio.

El Grupo Clarín, va a repartir a fines de agoto 556 millones de dólares en dividendos entre sus accionistas. Mientras judicializó y logró frenar el decreto que limitaba sus aumentos de tarifas reparte las ganancias en dólares. Con este monto, en lo que va de la pandemia Héctor Magnetto y sus socios se repartieron 1.153 millones de dólares.

El dato de este reparto de 556 millones de dólares lo informó Telecom a la Comisión Nacional de Valores (CNV). En una nota con fecha 12 de agosto y detalló que va a distribuir dividendos en especie, es decir: Bonos Globales 2030 por 370 millones de dólares y Bonos Globales 2035 por 186 millones de dólares.

Son los bonos del canje de deuda que gestionó el ministro Martín Guzmán. En lugar de pagarle ganancias en pesos a sus accionistas reparte esos bonos en dólares. Los accionistas pueden optar por cambiarlos, por timbear con el Contado con Liqui o el dólar MEP o guardarlos hasta el pago final.

La voracidad de las empresas del sector de las telecomunicaciones no acepta límites a favor de los clientes de sus servicios. La Justicia Federal en su fallo a favor de Telecom Argentina S.A. suspendió los artículos principales del DNU 690, que en 2020 declaró como servicio esencial de las telecomunicaciones las prestaciones de internet, telefonía celular y el cable. Además, abre instancias para que otras empresas se sumen en el mismo sentido de desconocer el control de precios a cargo del Estado Argentino.

Los jueces priorizan la renta empresarial antes que los derechos ciudadanos, su fallo a favor de la empresa del grupo Cablevisión Holding es el “botón de la muestra”. Cabe recordar que el Holding fue estructurado en la segunda mitad del gobierno de Cambiemos. La decisión de la ¿Justicia? federal reestablece la potestad de los operadores de los servicios mencionados, para que fijen sus condiciones de comercialización y aumento de tarifas.

 

Representación y democracia

El gobierno argentino avanza con acciones parlamentarias para que el DNU 690/20 mantenga su vigencia más allá de los amparos judiciales a favor de las empresas de telecomunicaciones.

El senador Alfredo Luenzo presidente de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, presentará un proyecto de ley para declarar a Internet servicio público esencial. 

La decisión tiene lugar luego de que la Justicia fallara a favor de Telecom Argentina, Telecentro, DirecTV y otros, dando libertad a estos operadores para la fijación de precios.

Luenzo anunció en la comisión que preside: “Quería acompañar la decisión del presidente de avanzar en declarar el acceso a Internet como un derecho público. El (decreto) 690 dio un primer paso, (pero) lamentablemente la mayoría de las corporaciones tecnológicas han judicializado el tema en un marco donde la conectividad es central. El acompañamiento se verá traducido en un proyecto de ley, lo que implica que aportaremos del ámbito legislativo para sumar a la decisión del presidente de ir por un marco normativo integral y que el acceso a Internet sea realmente una realidad, no sólo en la capital, donde a veces parece que es el mercado el que domina la estrategia de comunicación, sino en todos los rincones del país”.

Hoy más que nunca, los argentinos y las asociaciones de consumidores que nos representan necesitamos sumar nuestros esfuerzos en apoyo a estas medidas en defensa de la Democracia y por un consumo federal justo y robusto.  

No alcanza con los tiempos jurídicos donde ya ganaron 8 meses de incumplimiento, no alcanza con cobrarles multas, hay que quitarles la pauta publicitaria y las licencias por desconocer la declaración de servicios esenciales y por no aceptar la regulación del Estado a favor del pueblo argentino.

¿Cuánto más pueden esperar los más de 3 millones de compatriotas de la prestación básica universal (PBU) consagrada por el DNU 690/20 ratificado por el Congreso Nacional?

No es posible que las familias dispongan el 15% de la asignación universal por hijo (AUH) para recargar el teléfono celular. En Argentina se utilizan 80 millones de celulares. La PBU alcanza a cubrir 19 millones de dispositivos, de los cuales 3 millones corresponden a compatriotas que viven en estado de indigencia.

Es el momento de profundizar el debate de los servicios públicos que fueron privatizados en la década del 1990 y el rol del Estado. Es necesario frenar este saqueo y desarrollar una política pública que garantice a los argentinos la disponibilidad de estos servicios esenciales. Debemos crear las condiciones para estructurar una infraestructura de telecomunicaciones y servicios de valor agregado que integre la experiencia de ARSAT, las Cooperativas, Pymes y representaciones sectoriales, además de las grandes empresas privadas.

Los por qué de una Ley de Internet que garantice el Servicio como Público:

  • Porque se debe garantizar el acceso de todos y todas a un servicio básico y esencial.
  • Porque las tarifas deben ser justas y razonables y evitar abusos de los grandes proveedores.
  • Porque es la manera de fomentar la inclusión de poblaciones aisladas que de otro modo no tendrían conexión.
  • Porque así el Estado puede implementar una tarifa básica universal para los sectores de menores ingresos.

Nos encontramos en un momento histórico respecto de la evolución de la infraestructura de telecomunicaciones, en el que uno de los mayores desafíos es resolver adecuadamente la ampliación de la cobertura de la red troncal de transporte y de distribución de fibra óptica para llegar a todos los rincones y localidades de la región lo cual involucra cuantiosas inversiones.

Sin infraestructura de telecomunicaciones pública y federal no podremos ingresar en la Economía del Conocimiento.

*Alfredo Moreno. Ingeniero TIC en ARSAT. Profesor TIC en Universidad Nacional de Moreno