Comunicación política en suspenso

En el período comprendido desde el triunfo de la fórmula Fernández – Fernández en las PASO y el 10 de diciembre, una de las preguntas recurrentes a Alberto Fernández por parte de los periodistas de los medios dominantes era si en su gobierno “permitiría”(ese era el verbo utilizado)el regreso a la Televisión Pública del programa  678 que se emitió entre 2009 y 2015.

En muchos casos, esta obsesión se encontraba a la par, e incluso más arriba en importancia, del interés en indagar cómo el nuevo gobierno enfrentaría la recesión, el desempleo, la pobreza y el extraordinario endeudamiento generado durante los cuatro años de presidencia de Mauricio Macri.

Sí, 678, ese hecho maldito del periodismo burgués, era igual o más gravitante que el interés en conocer un plan de gobierno que asumiría en medio de una crisis fenomenal, y por entonces, sin pandemia a la vista.

Ante este tipo de interrogatorios la respuesta de Alberto Fernández era que en materia de medios públicos, tanto en Radio Nacional como en la Televisión Pública, no habría programación política. Es decir, ni siquiera una programación que pudiera incluir algunos espacios, dicho en términos políticamente correctos, plurales.

Efectivamente, en tales medios no hay ni atisbo de una programación de carácter político. Navega en ambos casos en una programación que no se sabe todavía para dónde va.

La pregunta insistente de tanto periodista como de devenidos panelistas acerca del regreso de 678 encubría por una lado una advertencia, y al mismo tiempo una denuncia de cuasi terrorismo. Formulada en términos condenatorios excedía al mismo programa 678, extendiéndose e impugnando cualquier reedición de contenidos y programación de voces alternativas y críticas a la de los medios dominantes. Tal como sucediera en las experiencias periodísticas que surgieron durante los gobiernos de Cristina Fernández, entre los años 2008 y 2015, con resultados diferentes y balance en deuda en muchos otros casos.

La obsesión con 678 tenía y tiene un claro propósito que excede al ya mítico programa en sí. La estrategia del bloque de medios dominantes, en representación propia y de la actual fuerza opositora, fue condicionar a que el nuevo gobierno no intentara retomar la senda de una política de comunicación y de medios públicos que disputara y confrontara con esos frentes de poder. En consecuencia, cualquier intento de esa naturaleza sería considerado un acto de autoritarismo y abuso estatal.

Queda claro que el punto de debate aquí no es promover el regreso de 678 ni de ningún otro medio de aquel período 2008-2015, sino analizarlo como síntoma y su posterior utilización para que el actual gobierno llegara a la conclusión, mas o menos dicho, que no es momento ni conveniente diseñar una política de medios públicos, y mucho menos de promover emprendimientos de medios independientes. Sin temor a exagerar, el conglomerado opositor de medios y políticos ganó esta batalla. Es improcedente cualquier intento de una comunicación que confronte con los medios en posición dominante. Llámese pragmatismo o posibilismo, en cualquier caso, el resultado es el mismo.

Acerca de la pauta oficial

Otra de las definiciones de Alberto Fernández anunciadas en campaña y llevadas a la práctica ya en ejercicio de la Presidencia, es la decisión de que la pauta publicitaria oficial sea distribuida entre los medios y empresas periodísticas, y no más en forma directa a periodistas que desempeñen su oficio bajo la forma de autogestión.

La pauta publicitaria será mayoritariamente distribuida en relación a los niveles de audiencia, lectores o tirada según el medio del que se trate. Es decir, la pauta se la llevarán los medios que lideren audiencias, agrandando y fortaleciendo su posición dominante, y postergando a una parte menor de la torta publicitaria destinada a  promover emprendimientos comunicacionales que resulten alternativos a las grandes empresas y lógicas periodísticas que siguen marcando cómodamente la agenda pública mediática.

Semanas atrás, en un informe publicado en el portal de noticias Infobae, según lo consignado por las periodistas firmantes en base a fuentes propias y de TELAM, en el primer semestre del 2020 los medios que se llevaron la mayor porción de la torta publicitaria oficial fueron el Grupo Clarín y el diario La Nación.

Desde distintos espacios se viene discutiendo la necesidad de repensar una política comunicacional y de promoción de espacios alternativos, reclamando una revisión de la decisión adoptada por el gobierno nacional, no solamente respecto a no dejar a los medios públicos vacíos de contenidos políticos sino a redefinir un nuevo criterio de la administración y distribución de la pauta oficial.

Borrada de un plumazo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual por el macrismo, y con la actual ausencia de un rumbo claro que permita discutir la agenda periodística dominante, el derecho social al acceso de información plural e independiente será una batalla cada vez más difícil de librar en un terreno en donde los fuertes se hacen cada vez más fuertes y los débiles mas débiles. Lo que espera es bastante previsible.