Coronavirus en Francia: toque de queda y responsabilidad de los funcionarios

*Por José Ahumada y Laura Cantore

  1. Francia

El 14 de octubre Emmanuel Macron, presidente de Francia,  dispuso el  toque de queda nocturno que regirá en París y ocho ciudades más a partir del 17 de octubre para reducir el incremento de contagios de Covid-19 registrado en los últimos días. La medida se extenderá durante cuatro semanas y contempla multas  para aquellos que incumplan la norma. Las autoridades advirtieron que la impondrán a cualquiera que viole la medida. La sanción irá desde los 135 euros (158.61 dólares), si incumple por primera vez, y hasta los 1.500 euros (1762.05 dólares), si incurre en la falta por segunda ocasión. 

El 15 de octubre, según da cuenta Le Monde Diplomatique, las casas del exPrimer Ministro Edouard Philippe, el actual Ministro de Salud, Olivier Véran, su predecesor en el puesto, Agnós Buzyn, ex portavoz del gobierno, Sibeth Ndiaye, y el Director General de Salud, Jéréme Salomon, fueron allanadas  por los gendarmes de la Oficina Central de Lucha contra los Abusos Ambientales y de la Salud Pública (Oclaesp) como parte de la información judicial abierta por el Tribunal de Justicia de la República (CJR) sobre la gestión de la crisis. También se registraron las oficinas del Sr. Véran y del Sr. Salomon, que todavía están en el cargo, así como las oficinas de Salud Pública de Francia. El hecho es que el 7 de julio la Fiscalía General del Tribunal de Casación abrió una investigación judicial encomendada al Comité Investigative del CJR, el único órgano facultado para juzgar a los ministros, a fin de determinar si pueden estos funcionarios haber cometido delitos en su gestión de la crisis sanitaria relacionada con la epidemia causada por el nuevo coronavirus.

  1. Los que fueron a pedir justicia

Hasta la fecha, la Comisión de Mociones de la CJR ha recibido 99 denuncias de las cuales fueron admitidas nueve.  El CJR es el competente en Francia para juzgar a miembros del Ejecutivo por el ejercicio de sus funciones. Las denuncias provienen de individuos, médicos, asociaciones o incluso reclusos. Los denunciantes  revelaron  cuestiones tales como «poner en peligro la vida de los demás», «homicidio involuntario» o «no ayudar a una persona en peligro».

El Comité de Investigaciones esta avocado ahora a la tarea de verificar si los funcionarios denunciados estaban al tanto o no de las medidas sanitarias que debían tomarse y en su caso las razones por las que no las cumplieron. Las quejas al RJC comenzaron a presentarse unos días después del inicio del confinamiento a mediados de marzo. Esta investigación se suma a la que abrió el 10 de junio la fiscalía de París por «homicidio involuntario», «daño involuntario»,  «poner en peligro la vida de los demás», «abstención voluntaria de la lucha contra un desastre» «no asistencia a nadie en riesgo», que se centra en posibles responsabilidades no ministeriales en la gestión de la crisis sanitaria.

  1. «Procedimiento normal» o «pérdida de tiempo»

Por cierto se discutió si denunciar funcionarios por incumplir los protocolos de Covid-19 es un procedimiento razonable o una pérdida de tiempo y si esto era una judicialización de la política.

«Hoy no es una emergencia, tenemos que luchar contra la segunda ola y no estoy convencido de que tengamos que perder el tiempo con esto», dijo el presidente de la UDI,  Jean-Christophe Lagarde, que no cree en la «responsabilidad penal de los ministros en este caso», dijo en BFMTV.

«Realmente veo en esta búsqueda ordenada el día después de la declaración del Presidente de la República por los más altos magistrados una verdadera declaración de guerra de la justicia al poder político», dijo Gilbert Collard, un diputado cercano al RN, en LCI.

«Este es el procedimiento normal» y «demuestra que no hay jueces de dos velocidades», dijo la diputada de Tarn Marie-Christine Verdier-Jouclas (LRM) en BFMTV, «que no querría ser borrosa con el mensaje más importante: lo que el presidente nos dijo anoche».

«No creo que estas búsquedas sean apropiadas, hay una judicialización de la vida política. Es más una puesta en escena que cualquier otra cosa», lamentó Eric Coquerel en LCI.

Cuando Macron dispuso la medida y en el marco de la segunda ola de contagios de Covid-19, Francia contaba con 33477 decesos. En Argentina, en la primera ola de contagios, han muerto 27. 427 personas.

  1. Los problemas argentinos

Una parte importante de la ciudadanía argentina está convencida de que el Covid-19  es una gripe más, que hay que pasarla y que luego de tenerla se generaran mecanismos de defensa que nos dejarán inmunes ante el virus. En el mejor de los casos esta versión se encuentra fortalecida por ciertos sectores políticos y mediáticos que creen que lo mejor que puede pasarnos es el contagio o la teoría de la inmunidad de rebaño, esto es: la esperanza es que con el tiempo llegue a haber tantos individuos que ya han superado la infección -de forma clínica o subclínica- que el virus no encuentre fácilmente personas susceptibles a las que infectar, por lo que se cortaría la transmisión. En el peor de los casos, hay sectores a los que no les importa la letalidad del virus y el número de posibles decesos.

 En cualquier caso un mayor contagio implica una mayor mortandad y riesgos para la comunidad toda. 

Investigadores  como “Independent Sage” en cambio insisten en que se debe llegar a la cura del Covid, con la menor cantidad de muertos posibles, y alertan cada día más sobre el peligro de contraer Covid no solo por su potencial letalidad sino por el deterioro en la salud  que produce a corto, mediano y al no suficientemente mensurado riesgo al largo plazo conocido como “Long Covid”.

 La teoría del rebaño no es útil en el caso de Covid-19.

De hecho con más de 30 millones de infecciones documentadas y 1 millón de muertes en todo el mundo, la pandemia  no cesa y sus consecuencias varían desde una infección asintomática hasta una enfermedad  potencialmente mortal con secuelas importantes en muchos casos de sobrevida o la muerte misma.

Aun cuando existen aproximadamente 20 millones de personas recuperadas muchos pacientes tienen síntomas graves persistentes, disfunciones sustanciales de órganos y no hay claridad sobre el curso clínico de las consecuencias para la salud a largo plazo si las hubiera. Entre las manifestaciones que se informan con mayor frecuencia son fatiga y disnea, dolor en las articulaciones y en el pecho, disfunción de órganos específicos, que afectan principalmente al corazón, los pulmones , el cerebro y las emociones.

  1. El derecho a la salud

El bloque constitucional de derechos humanos (art 75 inc. 22) y la CN consagra el derecho a la vida y desde ese lugar  a la salud como un derecho humano.

La Convención Interamericana (arts. 27 y 30) como la Constitución Nacional (23, 28, entre otros), permiten medidas excepcionales ante situaciones extraordinarias, y claramente  la pandemia es una de esas situaciones que conlleva el riesgo de enfermedad y muerte de la sociedad toda y exige no solo el respeto al Estado de Derecho sino también el control judicial efectivo de las medidas que la emergencia exige. En el caso del Covid-19 hay una doble dimensión del derecho a la salud, en tanto obligación exigible para evitar daños a terceros como por conductas de terceros, o por otras causas que deben ser mitigadas por el obrar estatal.

En la página del Sistema Argentino de Información Jurídica (SAIJ), organismo dependiente de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, se resalta la importancia del obrar judicial en la crisis.

            En «Kingston Patricio s. Hábeas Corpus», el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 14 en medida confirmada por la Cámara, ante el cuestionamiento del aislamiento social por considerarlo un estado de sitio, lo descartó por considerar que no media otro recurso para impedir la propagación de la enfermedad. En ese sentido, se encuentra su fundamento en la necesidad de preservar la salud pública; por lo que si bien reconoce una severa restricción a la libertad ambulatoria entiende que el bien jurídico tutelado es la salud pública, no solo del afectado en forma directa, como podría ser el aquí accionante, sino de los terceros con los que se tenga contacto en caso de ser afectado por el Covid-19. También entiende que no hay amenaza a la libertad ambulatoria en el Decreto 260/2020 en caso de detectar su incumplimiento a la norma dará noticia a la justicia penal para que evalúe la pertinencia de iniciar acciones en función de la posible comisión de los delitos previstos en los arts. 205 y 239 del C.P. La segunda causa fue resuelta por la Cámara Federal de La Plata, rechazando el habeas corpus destinado a modificar la modalidad de detención en establecimientos penitenciarios, por considerar que en los mismos se pueden producir contagios; petición que fue desestimada sobre la base de la razonabilidad de lo actuado, la inexistencia de esta causal en la Ley 23.098 y no observarse motivo para revocar lo decidido por los Jueces actuantes.

  1. ¿Una buena oportunidad para parecernos al primer mundo?

El artículo 248 del CP prevé prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, al funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere; y el art. 205 dispone prisión de seis meses a dos años al que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas.

¿Es pensable en nuestro país una justicia que aplique sanciones a los funcionarios que no cumplan con los lineamientos que fija la Nación o la OMS para prevenir el Covid-19? ¿Un funcionario puede ser condenado por no cumplir el aislamiento obligatorio pero no por no decretarlo ante una gran cantidad de contagios y fallecimientos? ¿Podemos imaginar el allanamiento al domicilio de Ministros de Salud u otros funcionarios estatales  que en el fondo y contra toda evidencia, creen que lo mejor que puede pasarle a un ciudadano argentino es contagiarse? ¿Se puede cargar toda la responsabilidad de la pandemia a la ciudadanía? ¿Podemos pensar en un órgano de contralor  de las políticas de estado sostenido por criterios científicos?  ¿Qué pasaría si se denunciara a los responsables de gestionar la crisis en la pandemia como hicieron los franceses? ¿Será la sociedad civil la que deba hacer ese contralor?

Denunciar a ciudadanos confundidos por la desinformación o la contradictoria información es algo próximo a una caza de brujas.   

Sigamos pensando

* José Ahumada. Dr. En Filosofía.

Laura Cantore. Abogada. Feminista. Dra. en Derecho y Cs. Sociales. Postdoctorada en Géneros.