Cuando la restricción es política

El acuerdo en la renegociación de deuda externa con acreedores privados, alcanzado a principios del mes de agosto por el ministro de Economía Martín Guzmán, puso punto final a una larga espera, desde el 10 de diciembre, al considerarlo un punto de partida indispensable por el gobierno de Alberto Fernández para comenzar a ordenar el descalabro heredado del gobierno macrista-radical, despejar pagos de deuda por cuatros años, y disponer de un presupuesto previsible: en definitiva, establecer un rumbo de política económica.

Hasta entonces, toda medida que comenzara a dar respuesta a los urgentes problemas estructurales de nuestra economía debía estar supeditada a dicho acuerdo; una economía casi en suspenso, podría decirse, independientemente de las numerosas y acertadas decisiones que sí se tomaron para paliar el impacto de los cuatro años anteriores de recesión, agravada desde marzo por la pandemia.

El gobierno también confió en que el acuerdo alcanzado actuaría como una clara y tranquilizadora señal de confianza y racionalidad a los agentes económicos y financieros, locales y extranjeros, alejando presiones especulativas, fundamentalmente sobre el tipo de cambio. Por otro lado, permitiría, finalmente, anunciar las 60 postergadas medidas económicas que, si bien no serían parte de un Plan económico a la manera que suele pedir la ortodoxia, marcarían el rumbo para cumplir objetivos económicos, tal como lo destacó en varias oportunidades Guzmán: “No tenemos un plan sino objetivos”. Al día de la fecha es difícil recordar cuales de las 60 medidas fueron o no anunciadas.

Vale agregar que, en materia de confianza, detrás de la renegociación de deuda con los bonistas privados, el gobierno recibió un claro apoyo del Fondo Monetario Internacional, y de su presidenta Kristalina Georgieva, con quien en estos días se encuentran negociando los 44.000 millones de dólares entregados al gobierno de Macri, último y no menor ni gratuito paso para cerrar y ordenar el frente externo de endeudamiento.

Sin embargo, a partir del mes de septiembre, el resultado del acuerdo de deuda, las amistosas palabras de Kristalina, y la racionalidad fiscal y de gasto previsto por el ministro Guzmán para el presupuesto del próximo año, no resultó suficiente para calmar expectativas y presiones tal como se esperaba. Las medidas adoptadas por el Banco Central de restringir el acceso a la compra de doscientos dólares mensuales, al sumarle un 35% como anticipo de ganancias (para quien pudiera eventualmente deducirlo) evidenció, al menos, un diagnóstico erróneo, además de quitar la única manera de ahorro para quienes tampoco se les ha ofrecido ninguna otra opción de resguardo.

La pérdida de reservas comenzó mucho tiempo atrás, a partir de no haber restringido una serie de operaciones no esenciales y de importación vinculadas al sector privado, como también la venta de dólares a empresas privadas para el pago de deudas en el exterior cuando esas empresas disponían de divisas propias. Todo esto sin contabilizar  haber dolarizado deuda en pesos por un total de 1.500 millones de dólares para, una vez más, dar una señal a tenedores de títulos argentinos.

A esto hay que sumarle una extraviada política de administración de la tasa de interés, al reducirla de manera inconsistente con una estructura especulativa que dejó el macrismo en manos para lo cual se prevé una licitación de 750 millones de dólares a fin de “darles una salida”.

Conclusión: o bien se sobredimensionó el impacto positivo del acuerdo y los apoyos del FMI, o no se entendió, ni se entiende, el comportamiento de los agentes económicos y dominantes locales. O un último escenario, ya de claro carácter político: se insiste en conciliar intereses centrales de política monetaria con un sector que no sólo detesta en el plano político – ideológico al gobierno del Frente de Todos, sino que desde su posición central aprendió a jugar fuerte y a hacer valer su postura a partir de manejar la administración de ingreso de divisas sin que se interpusiera una medida que de manera efectiva facilitara la liquidación del sector agroexportador de casi 4.000 millones de dólares.

Las medidas erráticas en materia de política monetaria adoptadas hasta la fecha fueron, al menos, consecuencia de visiones encontradas entre el Banco Central y el área de Economía, lo que resulta inaceptable de ser toleradas en medio de la fenomenal crisis que dejó el anterior gobierno y el empeoramiento de todas las variables que trajo consigo la pandemia.

A esta altura resultan también diferencias inaceptables porque ninguno de los problemas que enfrenta el gobierno es nuevo en la Argentina. Ni la presión devaluatoria del sector exportador y de quienes forman activos en dólares, ni de un sistema financiero dedicado a la timba, con sus más y sus menos, desde hace 45 años.

La confianza no existe como categoría económica, sino la eficacia en el manejo de sus variables. Las medidas adoptadas en momentos de gravedad como el actual, sin medias tintas, serán las que otorguen estabilidad y previsibilidad. El gobierno dispone de herramientas varias para salir de este atolladero; presionar sobre la liquidación de divisas, disponer de parte del Swap de China. No se trata de una restricción externa sino de una restricción política.

*Francisco Balázs es periodista. Ex editor de Miradas al Sur y columnista de Tiempo Argentino