El engaño de la mano dura… una vez más

Crece el debate sobre la seguridad en la provincia de Buenos Aires. Nuevamente se discute sobre la mano dura y la tolerancia cero. Dos conceptos que anuncian la concentración de la prevención y represión en el delito domiciliario y callejero en detrimento del delito complejo, de las redes delictivas más organizadas y poderosas e incluso el delito de funcionarios, y que tiene  como derivación inmediata las detenciones de sospechosos y delincuentes de poca monta y de barrios populares, la utilización de las prisiones preventivas masivas, la violencia institucional protegida.

La mano dura es un engaño que perdura. En ninguno de los ciclos de estas políticas en la provincia de Buenos Aires se notaron cambios positivos en cuanto a la disminución del delito, y en casi todos los casos estuvo ligado a pactos con la bonaerense que permitieron la regulación del delito en los territorios. 

Los portaestandartes de esta “milagrosa” fórmula como Carlos Ruckauf (ex gobernador), Aldo Rico (secretario de Seguridad), Osvaldo Lorenzo (secretario de Seguridad), Luis Patti (ex Intendente de Escobar) solo mostraron que su prédica dio como resultado más violencia institucional, desprofesionalización mayor aún de la fuerza policial, violaciones a los derechos humanos, inflación de presentación de modificaciones “endurecedoras” del código procesal penal por legisladores, destrozando las coherencias mínimas del Código.

También hay que anotar en sus “logros” las crisis carcelarias tanto por superpoblación como por escuela de delincuencia. Mostrando la gravedad de la crisis del sistema era que en muchos momentos el 25% de las personas que llegaban a juicio eran sobreseídas. Es decir, para el régimen legal argentino significaba que muchas personas, sobre todo pobres, después de años de detención preventiva eran declaradas inocentes.

La tolerancia cero y la mano dura no son políticas de prevención y represión del delito, sino sobre todo políticas de control social sobre los sectores excluidos.

La creencia extendida de que el problema de seguridad se soluciona con más policías, más patrulleros, más armas, con más dureza en las excarcelaciones y con penas más duras, sirve para engañar a la gente desesperada por el crecimiento del delito callejero y domiciliario pero no para combatirlo en realidad. Mas aún si la fuerza policial está desprofesionalizada, con zonas de corrupción o zonas grises entre uniformados y delitos.

La propuesta de saturación del territorio por personal con baja preparación y a merced de los “jefes o porongas”, no mejora la prevención ni la persecución del crimen, y pone en riesgo muchas vidas de los trabajadores de la seguridad pública.

El sistema de seguridad de la provincia es arcaico, en muchos casos autoritario e ineficaz para dar seguridad a la ciudadanía, en la prevención del delito y en la persecución y represión de las redes delictivas complejas.

Por décadas el escenario de la problemática de seguridad tuvo parte de las siguientes características:

Desentendimiento de la política de conducir las políticas de seguridad y la delegación en la policía bonaerense como el único y exclusivo instrumento de la agenda criminal del Estado.

Esto derivo en autogobierno policial que creó las condiciones de la desprofesionalización, la reducción de la política de seguridad al control social y territorial. Se construyó por corresponsabilidad una estructura y burocracia policial que demanda un crecimiento sin límite y, a la vez, con capacidad de chantaje sobre la política oficialista para que nada se “desmadre”.

La delegación de las funciones estatales en la estructura policial también derivó en que la política de investigación criminal tuvo como eje a la policía, con lo cual jueces y fiscales también delegaron.  Y juez que no delega o que tiene una actitud independiente es víctima de la burocracia policial que no le permite tener capacidad de resolver multitud de casos. Y así se construyó también una forma de chantaje sobre funcionarios judiciales que sin ser parte de ilegalidades estaban presos de que la agenda criminal la maneja quienes debían ser solo sus ayudantes y apoyo.

Ante la falta de investigación y de Justicia para las víctimas el recurso fue separar a la Bonaerense de muchas investigaciones, ignorando así el problema real y profundo que no solo amerita solucionar un caso individual con el apartamiento de la fuerza sino producir un cambio sistémico.

Las etapas reformistas

Los procesos reformistas que se aplicaron fueron el resultado de momentos de crisis de envergadura y un reclamo social mayoritario: maldita policía, asesinato de José Luis Cabezas por personal policial, investigaciones periodísticas sobre el costo de cada comisaría, la recaudación ilegal, la vinculación de las brigadas antidrogas con el tráfico de estas, la vinculación con los piratas del asfalto. Y como un trasfondo sostenido la existencia de la pena de muerte hacia jóvenes de barrios populares por parte de lo que engañosamente se llamó gatillo fácil y eran ejecuciones de nuestros pibes.

Así los procesos reformistas no fueron hijos de una planificación estratégica y de una política de Estado con permanencia en el tiempo para construir un nuevo paradigma de política criminal y una nueva policía. Esta característica marcó sus límites.  Se los utilizó como salida y caño de escape de la presión social ante los fracasos del modelo tradicional. Y los mismos que eran corresponsables de las crisis de inseguridad, del dolor de tantas víctimas que no encontraban Justicia y un delito cada vez más complejo, les dieron la espalda y dejaron que cargaran con sus culpas cuando los negocios opacos entre política, policías y delito quebró los acuerdos reformistas.

La política acusa a los policías, los policías y sheriff a la Justicia, ambos al sistema penitenciario, todos a los medios, y estos construyen mitos y facilismo para gestar salvadores que sean noticia y así de seguido. Mientras el sistema arcaico e ineficiente se recupera de las reformas e impone con más fuerza el modelo de autogobierno, autoritarismo e ineficiencia.

Los reformistas también cometieron yerros importantes. Los progresistas no encontraron un discurso público, argumentos y una posición que pudiera resolver armónicamente la seguridad pública, eficiente, con alta participación ciudadana, con apego a los nuevos estándares de investigación criminal y los derechos de todos a un proceso sin arbitrariedad y con garantías.

Los cinco minutos de fama

Cada portaestandarte de la mano dura tuvo sus cinco minutos de alto respaldo popular. Creyeron que la necesidad de un “salvador” se extendería en el tiempo y redundaría en triunfos electorales.  La historia fue diferente.

En cada ciclo de auge de la mano dura quienes defendemos una idea de la seguridad democrática basada en la transformación del sistema y el cambio del paradigma de investigación penal, y en que no hay contradicción entre garantías, Estado de Derecho, el derecho de las víctimas y la eficacia en la prevención y persecución del delito, somos acusados desde el “medioevo” para evitar que el reclamo de seguridad se transforme en una modernización del sistema.

Si finalmente se prueba que la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro fue por parte de la policía bonaerense, mostrará una vez más la gravedad de lo que examinamos y tantos años denunciamos.  Millones esperamos Justicia para Facundo y su familia y el juzgamiento de los culpables tanto directos como si los hubiera de los que crearon un manto de impunidad.  Y a la vez sostengo que la Justicia también es la transformación de la seguridad pública en una seguridad democrática y comunitaria, en una reforma judicial y policial profunda. Para que el “Nunca Más sea Nunca Más” hay que transformar y no solo esperar.

No creo en que la propiedad privada sea sagrada como hoy se proclama. Creo más en la función social de la propiedad. Prefiero seguir creyendo que donde hay una necesidad nace un derecho y no un delito. Prefiero seguir pensando que los conflictos sociales no se solucionan con el Código Penal. Que ante el reclamo de un Estado gendarme, prefiero un Estado amigo e inteligente que sepa distinguir entre delincuentes que se aprovechan de la necesidad popular, del grito desesperado de nuestro pueblo. Sigo prefiriendo un Estado con una mano que acaricia a los débiles y necesitados y con la otra es firme ante los poderosos que destruyeron el país, lo vendieron o fugaron sus riquezas. Prefiero seguir admirando a las y los médicxs, enfermerxs, repartidores, agentes, trabajadores que aún con bajos sueldos, estresados, y explotados se juegan la vida por nosotros y no a Macri que no le importan cuántos argentinos mueran en esta dura pandemia.