Impunidad y Poder ¿hasta cuándo?

Por Alejandro Mosquera*

El país político y económico discute el acuerdo sobre la deuda externa con los fondos de inversión. Unos piensan que es el punto de arranque necesario para ganar tiempo y encender la economía y otros critican por considerar que se cedió y perdió una oportunidad, dado el contexto mundial, de solucionar de manera estructural el problema de la deuda odiosa.

Hay otro debate menos visible que recorre, cada vez en voz más alta, la impunidad de los grupos económicos y sus funcionarios en los gobiernos, que tanto daño han hecho al país, y en muchos casos por medio de ilegalidades y delitos.

Hay dos certezas populares frente a cada crisis económica y social producida por las políticas llevadas a cabo por gobiernos que expresaban los intereses de los grupos concentrados nacionales y trasnacionales de la economía. La primera es que los estragos que realizaron esos multimillonarios los pagaremos las y los argentinos de a pie, los que trabajan y producen. La segunda, que los perpetradores de ese desastre, los beneficiarios de la catástrofe, saldrán impunes de las ilegalidades que cometieron.

La impunidad es una constante de esos grupos de poder y de los funcionarios que los sirvieron. Veamos solo algunos ejemplos, aunque podría recorrerse la historia oligárquica argentina y serían muchos, y los apellidos se repiten.

El Consejo Empresario Argentino fue clave en el golpe de Estado de 1976 y su presidente José Alfredo Martínez de Hoz fue el ministro de Economía de la dictadura.

Techint, Grupo Macri, Acindar entre otros, fueron parte del CEA y corresponsables del desastre económico, de la destrucción de la industria nacional y de las empresas nacionales, además de cómplices civiles de la dictadura ¿Cuál fue la sanción sobre sus acciones y conductas?

Domingo Cavallo fue parte de la dictadura y esencial en hacer pública la deuda externa privada. Y luego, durante el gobierno menemista y de la Alianza, un privatizador y destructor del ahorro y el trabajo nacional.  Todavía opina como si no hubiera sido responsable.

El megacanje se realizó en junio de 2001 y fue el canje de bonos por 20.000 millones de dólares para retrasar el pago de la deuda pública a cambio de aumentar el capital y los intereses de ese pasivo, que llegó a 50.000 millones de dólares. Fueron denunciados, entre otros funcionarios, Domingo Cavallo y Federico Sturzenegger. Este último, presidente del Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri, fue sobreseído por la Sala II de la Cámara Federal el 9 de septiembre de 2016, cuando ya era funcionario de Cambiemos, y entre los jueces de esa sala estaba Martín Irurzun.

Sí, ese que estás pensando. El de las prisiones preventivas a los opositores a Macri, y también quien limita y traba la pericia de las llamadas telefónicas del expresidente a su mesa judicial y a sus servicios de inteligencia ordenada por la jueza Servini de Cubría. Para cerrar el círculo de impunidad sobre Sturzenegger, el fiscal general Germán Moldes no apeló a la Cámara de Casación Penal consagrando así la impunidad del funcionario macrista.

Sí, ese Moldes. Aquel que fue parte del Gobierno de Menem y ladero de Manzano. El tanta veces vinculado con Hugo Anzorreguy cuando era jefe de la SIDE.  Quien siendo fiscal no apeló la investigación sobre encubrimiento del juicio a la AMIA, permitiendo otro capítulo de impunidad. El mismo que se paseó por los canales cuando acusó a Cristina Fernández de Kirchner y Héctor Timerman. El mismo que desistió de proseguir con la acusación al titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, por el cobro de pagos ilegales vinculados con el escándalo de corrupción en Brasil denominado «Lava Jato».  Es tan evidente todo, se nota tanto.

La impunidad como atributo del poder real, como sostenía Yabrán, se ve a las claras. Pueblos empobrecidos con CEOs, funcionarios y multimillonarios más ricos que antes de las catástrofes.

Macri y su equipo contrajeron una mega deuda externa, sus amigos y socios han fugado gran parte de esos préstamos, han perjudicado al país por generaciones. Construyeron un Estado paralelo para perseguir y demoler opositores, para destruir empresas, para adquirirlas a precio vil. Utilizaron a la SIDE para espiar y armar causas contra quienes querían resistir la oleada derechista o para destruir medios de comunicación con voces no adictas. Con dineros públicos crearon una red ilegal de trolls para desprestigiar a quienes les molestaban. La mesa judicial operaba ilegalmente para decidir sobre la vida, la libertad y los bienes. Y podríamos seguir.

¿Qué hay de correcto en permitir la impunidad de esta cofradía? ¿Por qué no poner negro sobre blanco la destrucción que llevaron a cabo en cuatro años de mandato? ¿Por qué no superar de una vez aquella distopia popular de que el poder es impune y dar un poco de justicia a un país tan dolido?

En la negociación de la deuda externa se pueden tener distintas visiones de lo que era posible en estas coordenadas, es parte de un sano debate. Pero ¿por qué no auditar la deuda?, ¿por qué no investigar las ilegalidades de quienes la contrajeron, de los que fugaron esos capitales a guaridas fiscales y los que cobraron comisiones multimillonarias por estafarnos?

Está claro, cuando la derecha política, económica, judicial y mediática rechaza la reforma judicial moderada que impulsa el gobierno está reclamando que siga en pie parte esencial de la estructura que permite la impunidad.

Pablo Noceti, aquel funcionario de Patricia Bullrich que ordenó y dirigió la represión contra los mapuches donde perdió la vida Santiago Maldonado, libre, defendido por el aparato de impunidad.  Facundo Astudillo Castro desaparecido o víctima de una desaparición forzada donde las principales sospechadas son policías de la Bonaerense.  Luis D’Elía condenado por protestar por el asesinato de un dirigente social, Martín “Oso” Cisneros, por un narco protegido por la Federal.

Milagro sigue presa en su domicilio y Macri pasea por París. 

Un país injusto. Que clama justicia. Es la hora, es ahora.

*Director Ejecutivo del Instituto de Estudios y Formación para la Igualdad (IEFI). Ex Presidente de la Cámara de diputados de la Pcia. de Buenos Aires