La deuda pública es odiosa e impagable

Por Julio C. Gambina*

Finalmente, tras meses de incertidumbre, se ha llegado a un acuerdo por la negociación de la deuda pública de legislación externa con grandes Fondos Financieros por 66.500 millones de dólares. Pero lo que lamentamos es que no se discuta la cuestión de fondo: el carácter odioso, ilegal e ilegítimo de buena parte de esta deuda, la que tuvo origen en la dictadura genocida, incluso con estatización de deudas privadas de grandes grupos económicos locales en 1982, con Domingo Cavallo presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

A fines del 2019 la propuesta gubernamental era que para marzo el tema estaría resuelto. Era la precondición para resolver el presupuesto anual del presente año y, a su vez, el momento para hacer explícito un plan de política económica que superara la desastrosa herencia dejada por el macrismo. Al inicio de la gestión del Frente de Todos se sostenía que el país no estaba en condiciones de pagar la deuda pública con los acreedores externos. Por eso se generó un amplio consenso político en el Congreso de la Nación para viabilizar legalmente la sustentabilidad del pago de la deuda.

Con ese aval, convalidando una negociación que imaginó un valor presente de los títulos de deuda menor a 40 dólares por cada 100 de valor nominal, se ofertó a los acreedores una quita de capital, intereses y tres años de gracia, con un ahorro de más de 40.000 millones de dólares. Producto de las demandas de los fondos acreedores y en sucesivas propuestas, ese valor se corrigió a favor de los titulares de los bonos, según información diversa, a unos 53,5 dólares de valor presente. La quita se reduciría a unos 25.000 millones de dólares. La diferencia supone resignar usos soberanos de esos recursos con destino a satisfacer derechos y necesidades de la población. La demanda intransigente de los acreedores se establece entre 56 y 57 dólares y al fin de cuentas el acuerdo se habría cerrado con las dos partes cediendo algo.  

Los lobistas de los acreedores señalaron en los medios de comunicación de mayor circulación que por la escasa diferencia el gobierno argentino debía ceder. Nunca el razonamiento es al revés. La hipótesis del Gobierno, de la oposición y de los acreedores y sus lobistas, es que se debe renegociar la deuda y elaborar un plan de pago. Podemos afirmar que, si la deuda era impagable hacia fines del 2019, bajo las condiciones actuales de la economía local y mundial, las posibilidades de cancelar son imposibles. Además, la deuda en negociación es apenas una porción del total de la deuda pública. Cerrado el acuerdo, lo que se habilita es la negociación con el FMI para cancelar el préstamo obtenido durante la gestión de Mauricio Macri. El desembolso del Fondo fue por 44.500 millones de dólares. Entre la deuda con los acreedores privados y la contraída con el FMI se alcanza un tercio de la deuda pública total.

Por eso, más allá de cualquier acuerdo con estos acreedores, el problema de la deuda supone montos muy superiores a los que ahora se discuten. Es a todas luces una deuda impagable. Argentina no puede pagar. Sostenemos que el país tiene que resolver primero los problemas derivados de las políticas de ajuste y reestructuración regresiva del capitalismo local, la pobreza, el desempleo y el deterioro de la calidad de vida de la mayoría de la población.

La deuda no es la prioridad de la sociedad, sí del poder económico. Un acuerdo con los acreedores privados supone una gran satisfacción para éstos y el mercado especulativo global, lo que habilita a la búsqueda de nuevas líneas de financiamiento externo para el país, tanto en el sector público como en el privado.

¿Es que Argentina puede seguir endeudándose?

El déficit fiscal con que terminará el 2020 con su arrastre para los próximos años y los ahorros necesarios para sustentar los pagos de cancelación de deuda, si es que hay acuerdo de renegociación, llevarán a postergar la satisfacción de demandas sociales. Pero si no hay acuerdo, no solo se liberan recursos sino que se obliga a discutir una política económica en confrontación con el poder económico mundial, lo que exigirá un gran consenso social. Por eso, resulta imprescindible la realización de una auditoría integral de la deuda, con participación popular y que se vaya hacia atrás, por lo menos a 1976. Solo con consenso social ampliado se puede enfrentar al poder que demanda el pago de una deuda odiosa, en gran parte ilegal e ilegítima.

La deuda es un viejo tema en la Argentina. Viene desde la dictadura genocida. Desde diciembre de 1983, fecha de recuperación de los gobiernos constitucionales, todos los turnos presidenciales realizaron sus “definitivas” reestructuraciones de deudas, lo que nos permite afirmar que el endeudamiento público resulta un importante condicionante estructural de la economía local. Desde esas restructuraciones del default del 2001 hubo variadas cancelaciones de intereses y capital de la deuda pública, y nuevas rondas de préstamos, especialmente en el ciclo del gobierno de Mauricio Macri. El resultado es una deuda acumulada a fines del 2019 por 323.000 millones de dólares, un 90% del PBI según las fuentes oficiales.

En el informe “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019”, de mayo del 2020, del Banco Central de la República Argentina se lee lo siguiente: “Durante la fase de ingreso de capitales comprendida entre diciembre de 2015 y principios de 2018, aproximadamente 8 de cada 10 dólares que ingresaron al país desde el exterior tenían su origen en colocaciones de deuda y capitales especulativos. El ingreso de divisas por deuda pública, privada e inversiones especulativas de portafolio sumó USD 100.000 millones en el período. En 2018, a partir del cierre de los mercados voluntarios de crédito, se inició una fuerte reversión en los flujos de capitales, ante lo cual las autoridades decidieron recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI), que desembolsó un préstamo record de USD 44.500 millones.” Continúa señalando que “A lo largo de todo el período, la formación de activos externos (FAE) de los residentes, (coloquialmente llamada “fuga de capitales”) se triplicó, superando los USD 86.000 millones. Aun durante la primera fase de auge e ingreso de capitales, la formación de activos externos de los residentes alcanzó los USD 41.100 millones. En la etapa de aceleración de salida de capitales, a partir de mayo de 2018, la FAE alcanzó los USD 45.100 millones.”

Resulta evidente que el endeudamiento elevado del último período favoreció el proceso de salida o “fuga” de capitales, vía cancelación de deuda, remesas de utilidades al exterior, o constitución de activos en el exterior. Por ende, en nada favorecieron procesos de mejora de la vida de la población ni constituyeron condición de posibilidad para un desarrollo de la actividad productiva. Tampoco mejoraron el empleo o la actividad económica local, por lo que puede considerarse “deuda odiosa”, más allá de señalamientos de ilegalidad o ilegitimidad de la deuda. Un dato sobresaliente deviene del apoyo del FMI a la gestión Macri, más por razones políticas de acompañamiento de la política exterior estadounidense para la región, especialmente en el alineamiento contra Venezuela y Cuba, que motivado en razones económicas. El debate al interior del FMI para otorgar el préstamo por 57.000 millones de dólares se resolvió desde la capacidad de hegemonía del gobierno de EE.UU. en el Directorio del Organismo, más que por la lógica económica y financiera del funcionamiento de la economía argentina en el marco de una situación de desaceleración de la economía mundial.

Argentina en default

Los desembolsos del FMI evitaron transitoriamente un nuevo default de la Argentina. Sin embargo, en el último tramo de la gestión Macri, el país inició el “re-perfilamiento” de su deuda, un eufemismo que expresó la postergación de vencimientos impagos de la deuda pública. Para agosto del 2019, las autoridades explicaban la situación como “estrés de liquidez”, anticipando la incapacidad de cumplir con los vencimientos del endeudamiento público, situación que se mantuvo en el tiempo con el cambio del gobierno a fines del 2019. Pese a ello, los compromisos con el FMI y otros organismos internacionales fueron atendidos en tiempo y forma. Durante la pandemia el FMI siguió cobrando. Es por ello que no sorprende el apoyo del FMI a la negociación argentina con acreedores privados de la deuda. El Fondo pretende descargar el costo de la reestructuración de la deuda argentina sobre los tenedores privados, sin resignar sus posiciones, aun cuando otorgue nuevos plazos a los vencimientos en el futuro.

El informe del BCRA mencionado es la base para una investigación a fondo sobre responsabilidades del sector privado y funcionarios públicos en la estafa de la deuda pública. El país negocia el 20% de su deuda con Fondos Financieros especulativos que presionan por dejar de perder cuantiosas ganancias, las que fueron favorecidas por inescrupulosos funcionarios públicos. Estos aseguraron inversiones especulativas altamente rentables en tiempos de bajas tasas en el mercado financiero y de capitales de todo el mundo. El delito está en el FMI, los prestamistas o inversores especulativos y los funcionarios venales de la Argentina. Por eso se sostiene la necesaria investigación de la deuda, mientras se suspenden los pagos. Desde el movimiento social se apunta a un debate que pueda superar el chantaje de los acreedores financieros, los Fondos Financieros y el FMI. Esa es la razón para impulsar una campaña popular por la suspensión de los pagos de la deuda y llevar a fondo la investigación sobre la base de lo realizado por el BCRA y los primeros debates gestados por la Comisión bicameral en el Parlamento para el seguimiento de la deuda.

Lo grave es la voluntad mayoritaria de pago, que más allá de las negociaciones en curso, supone un compromiso financiero que impone el ajuste perpetuo. En efecto, durante el primer trimestre del 2020, según informes oficiales de la Balanza de Pagos (INDEC), se cancelaron 3.279 millones de dólares en concepto de intereses. En el mismo informe se detallan pagos por remesas de utilidades al exterior por 370 millones de dólares. Algunas consideraciones hay que hacer al respecto. La primera tiene que ver con la resignación de 3.640 millones de dólares que podrían haber tenido uso alternativo. Claro que para que eso fuera posible, previamente debió suspenderse el pago de la deuda y auditarla con participación popular, como demanda la campaña en ese sentido. Al mismo tiempo se debía establecer la imposibilidad de transferir utilidades al exterior en el marco de la emergencia sanitaria y social derivada de la prolongada recesión de la economía local.

*Doctor en Ciencias Sociales de la UBA y Profesor Titular de Economía Política en las Facultades de Derecho y Ciencia Política de la UNR.