La disputa por la democracia. Esa es la cuestión.

Días atrás la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, hizo alusión a la siguiente frase: “Judicializan la política porque no aceptan las reglas de la democracia”. Buscaba sintetizar lo que está pasando en el Congreso de la Nación y el comportamiento de la oposición.

Claro que no es una novedad. El apego de las fuerzas de derecha a la democracia se reduce a una mera contingencia histórica y, reiteradamente, (de)muestran que no tienen prurito alguno a la hora de atacar gobiernos que fueron elegidos democráticamente con herramientas poco democráticas so pretexto de la defensa de la misma democracia. Esto, que parece una frase harto repetitiva, evidencia una vez más, no solo el carácter polisémico de la democracia sino la disputa en torno a la misma.

Ya hemos dicho que el 40% que obtuvo Mauricio Macri y Juntos por el Cambio en las elecciones del 2019, tenía fuerza suficiente para reorganizar un sujeto político. La reconfiguración de una fuerza política de derecha es una evidencia empírica. Los vemos movilizados, en grupos más o menos grandes, en las concentraciones anticuarentena. Con frases y consignas que muchas veces orillan en lo absurdo; heterogéneos en cuanto a la composición social, las narrativas y los repertorios, pero movilizados. Los une el colonialismo ideológico, los argumentos meritocráticos y antipopulares, la ponderación de la gestión privada y el desprecio a lo público, el antipopulismo.  

En mayor o menor medida, movilizan. Algunos marchan con remera de Videla otros ponen una horca con la cara de Alberto Fernández, o piden la cárcel de la vicepresidenta.

Es el discurso del odio. Los grandes medios de comunicación los foguean y promueven sus convocatorias, cuando no las impulsan, bajo ropajes de objetividad aparente. Además, cuentan con el apoyo político –más o menos explícito- de la principal fuerza política de la oposición.

La derecha se rearticula. Y lo hace, dentro de los espacios políticos e institucionales donde encuentra un lugar cómodo y acorde a los tiempos que corren: el Poder Legislativo –trabando, vaciando y raquitizando la labor legislativa- y, sobre todo, el Poder Judicial. Toda una muestra de su republicanismo impostado.

En el primer caso, so pretexto de la pandemia, los parlamentarios de Juntos por el Cambio se niegan a sesionar virtualmente. Hay que recordar que mientras fueron gobierno mantuvieron prácticamente inactivo el Congreso de la Nación y ahora los invadió la necesidad de sesionar in situ, como si hubiera condiciones para hacerlo. Lo han hecho y se han manifestado en el recinto, mientras un grupo minúsculo pero fanático -encabezado como expresión trágica de su mediocridad actoral por un ex humorista- se amotinaba en la puerta denunciando un golpe de Estado por parte del gobierno (aunque resulte paradójica la misma enunciación). Si, los que marchan con una remera con la leyenda del 24 de marzo de 1976 como el “día de la gloria”, denuncian golpes de Estado por parte de un gobierno popular y democrático.

De este modo, buscan evitar sesionar y resolver cuestiones que son de urgencia necesaria para el país, como el impuesto a las grandes fortunas (algo que también generó un gran revuelo político y mediático y un aluvión de ricos amenazando con emigrar). Sobre esto, algunas declaraciones no pueden dejar de maravillar por lo absurdo. Es el caso del diputado nacional de Juntos por el Cambio, Ricardo Buryaile, quien sostuvo que las leyes se hacen para “defender a las minorías” y en este caso, se trata de defender a los ricos. Sí, son minorías en términos cuantitativos (de hecho, la ley de Aporte Solidario Extraordinario sobre las grandes fortunas impacta en menos de diez mil personas). Pero, a la hora de pensar las clases o las fracciones de clase, los intereses, los derechos y los privilegios, se mensura de otra manera. Otro caso es el de Funes de Rioja (UIA) quien en una entrevista radial planteó en una muestra de enajenación total que “tener 200 millones de pesos es tener un poco más del promedio”.

Esta semana el Congreso volvió a ser noticia, ante la negativa a debatir el proyecto promovido por el Poder Ejecutivo para “corregir” una de las tantas arbitrariedades cometidas por Mauricio Macri cuando, como presidente de la Nación, traspasó por decreto fondos millonarios a la Ciudad de Buenos Aires (a través del Convenio de transferencia progresiva de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). La negativa a debatir se traduce siempre en la misma estrategia: la amenaza de la judicialización. No quieren sesionar en forma remota, no por la modalidad en sí, sino porque no quieren dejar gobernar. Y buscan trasladar la disputa política al campo judicial, donde sabemos tienen poder discrecional. ¿Por qué quieren paralizar el Congreso de la Nación? ¿Por qué se niegan a sesionar? Y acá volvemos al inicio, sobre la democracia y sus reglas, y el poco apego a las mismas.

Pero el Poder Judicial no se queda atrás, algo harto denunciado. Continúa el circo por el traslado de jueces durante el macrismo, en particular los de Bertuzzi, Bruglia y Castelli, que pasaron por alto -en una muestra más de desprecio o republicanismo impostado- los acuerdos legalmente necesarios del Senado. Estos jueces se negaron a ir al Congreso y optaron por presentar un recurso ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Pero desde los medios hegemónicos de comunicación, sus editoriales y titulares, construyen la misma narrativa: “El gobierno busca desplazar a los jueces que investigan a CFK”. Algo tan inexacto, como mentiroso. Con este blindaje mediático, apuestan a instalar la idea de supuesta impunidad. Sí, los mismos jueces que fueron actores protagónicos del lawfare y respondieron a los antojos judiciales del macrismo, instalan la idea de “impunidad”. Es el reino del revés. Todo el poder de lobby (judicial y político) está activo y pendiente de esto, sobre todo del accionar del presidente de la CSJ, el supremo corporativo representante de Clarín.

Por su parte el monopolio sigue sin privarse de operación alguna. En una de sus últimas maniobras dedicó una página entera a una propaganda institucional ufanándose que todo puede cambiar en un día. O con una cacerola, o con una tapa de Clarín. Mientras, continúan las declaraciones poco felices de la oposición, como el caso del Senador Esteban Bullrich, quien habló de fraude en las PASO del 2019 o de la ex ministra Patricia Bullrich, apellido homónimo patricio, cuando hizo una referencia al supuesto recambio del gobierno en el 2021 cuando, de más está decir, no está previsto constitucionalmente.

Insistimos, nada es casual y, todo suma. Todo aporta, desde el plano de la subjetividad, a instalar un sentido común que da vuelta ciertos acuerdos tácitos de la democracia. Buscan poner en duda la legitimidad del gobierno para socavarlo, en un contexto poco amable, tanto por los factores internos como externos; tanto por la pandemia como por decisiones políticas propias que, muchas veces, dejan que desear. Todo esto, en el marco de una disputa regional donde, una vez más, se han reactualizado los maniqueísmos. Tal como lo expresó la presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, cuando se refirió al “autoritarismo kirchnerista” y expuso el dilema actual –aunque nada novedoso- entre democracia y dictadura. Ellos, los que asumieron a través de golpes de Estado o procesos electorales condicionados por proscripciones o maniobras del lawfare, refundando modelos económicos excluyentes y gobernando en contra de los intereses nacionales, son la expresión de la democracia. En el mundo del revés, un ladrón es vigilante y otro es juez.

A esto nos enfrentamos: a un Poder Judicial colonizado que es el caballo de Troya de la democracia; a la raquitización del Poder Legislativo con el fin de vaciarlo de institucionalidad; y a un poder mediático que construye narrativas de crisis y consenso para socavar la legitimidad del gobierno. Son muchos, y poderosos, los frentes de batalla que tenemos. Pero las medias tintas, lejos de calmar las aguas, las revuelven aún más.

*Florencia Prego. Licenciada en Sociología y maestranda en Estudios Sociales Latinoamericanos (Facultad de Ciencias Sociales, UBA). Becaria UBA categoría doctoral con sede en el IEALC. Secretaria de redacción de e-l@tina. Revista Electrónica sobre estudios Latinoamericanos.