La vida, el supremo derecho inviolable

El 1 de agosto de 2017 Santiago Maldonado desaparecía en la provincia de Chubut, en un operativo de Gendarmería Nacional contra un grupo mapuche en la Pu Lof de Cushamen. En octubre fue hallado su cuerpo y se adujo que su muerte se produjo por ahogamiento accidental.

El 30 de abril de 2020 Facundo Astudillo Castro desapareció después de haber sido detenido en un operativo de control de la policía de la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Mayor Buratovich. Sus restos fueron hallados el día 15 de agosto en la zona conocida como Villarino Viejo.

Si alguna diferencia encuentro entre ambas desapariciones y muertes, es el hecho que en el primer caso se atribuye el secretario de Seguridad Pablo Noceti, hoy sometido a proceso judicial, haber orquestado en forma previa con las autoridades de la provincia de Chubut y de las fuerzas de seguridad, el operativo que concluyó con la desaparición y muerte de Santiago Maldonado.

En el caso de Facundo Castro, de confirmarse la autoría de funcionarios policiales en su desaparición y muerte, los hechos aparecen como imprevistos, en el sentido de no haber sido preordenados por alguna autoridad superior y se presumirían carentes de una finalidad específica, distinto a lo ocurrido en el caso Maldonado.

En este último caso, era evidente el propósito político de erradicar y aniquilar al grupo mapuche que se encontraba en tierras de las cuales se apropió Luciano Benetton, cuya protección político-policial era indiscutible.

Esta diferencia resulta notoria, y pone al poder político de otrora en la picota.

Lo cierto es que existen similitudes trascendentes entre ambos casos: la actuación de fuerzas de seguridad en los hechos (Gendarmería Nacional y policía de la provincia de Bs. As.), la circunstancia de que momentos previos a la desaparición de ambos jóvenes estas fuerzas estuvieran presentes, el encubrimiento y/o desidia en el esclarecimiento de los hechos por parte de los operadores de Justicia y un discurso complaciente de ciertos sectores de la política.

En el imaginario colectivo de nuestra sociedad está instalada la creencia de que fue la “maldita policía” la autora de lo que sucediera a Facundo Astudillo Castro, ya que considera a esta fuerza de seguridad capaz de cometer este tipo de acto. Los antecedentes de la Policía Bonaerense han ido creando ese imaginario.

Es un hecho indiscutible que a nivel mundial la policía reserva parte de su poder para sí, como fuerza, sin compartirlo con el poder político de turno, lo que le otorga una gran autonomía y discrecionalidad en el actuar.

El poder del aparato policial parece trascenderse a sí mismo, ir más allá del que el propio Estado le delega.

Pero no es menos cierto que este accionar no es uniforme en todas las sociedades, y allí es donde debemos poner el acento en el discurso y las acciones del poder político al mando del cual la policía se encuentra.

El discurso represor, de “mano dura”, y la impunidad frente a la violencia institucional acrecientan el poder policial, y hace que ese espacio de autonomía se expanda.

Existe un reparto de responsabilidades respecto de la violencia institucional en el ámbito provincial y, sin duda, la policía se encuentra en la base de la pirámide de poder, en cuanto a cantidad y jerarquía, pero ascendiendo esta pirámide se encuentra el poder político gobernante. 

El hecho de que las autoridades políticas depositen gran parte de la responsabilidad de resolver el problema de la inseguridad en manos de la policía, y como respuesta aumenten el número de efectivos y le proporcionen más armamento y más elementos para el desarrollo de sus actividades, no solamente será un estrepitoso fracaso, como ya está sobradamente demostrado en el ámbito local e internacional, sino que aumentará el poder configurador de esta fuerza, esa potestad de seleccionar a “ciertas” personas a quienes detener, a quienes requisar, a quienes torturar, y a quienes asesinar y hacer desaparecer.

Esta potestad coloca a la fuerza policial en el rol de “chivo expiatorio”, al momento de atribuir la responsabilidad por los fracasos en materia de seguridad.

Cuando la violencia institucional se reitera, como sucede particularmente, aunque no en forma excluyente, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, es imprescindible hacer un profundo replanteo sobre qué modelo de seguridad elegimos, qué policía queremos que integre ese modelo, y finalmente, si aceptamos que la policía sea el actor central, o solamente uno de los ejes en que se debe apoyar un modelo de seguridad democrático y eficaz, con un profundo respeto por los Derechos Humanos.

De no hacerlo, muchos jóvenes “seleccionados”, como Facundo Castro serán víctimas de esa violencia institucional, pero no menos de la demagogia política y de la complicidad de los operadores judiciales.

Un discurso político represor, un acrecentamiento del poder de las fuerzas de seguridad y un manto de impunidad sobre su accionar ilícito, no puede dar un resultado distinto al que se verifica cotidianamente: el incremento y reiteración de la violencia institucional.

Para que las instituciones resulten confiables en el abordaje del caso de la desaparición y muerte de Facundo Castro estimamos imprescindible una investigación transparente en manos de funcionarios incuestionables, y un poder político que demuestre su verdadera intención de encontrar el o los culpables, en el caso de confirmarse que la muerte fue producto del acto de un tercero.

Una sociedad democrática y justa es aquella que pone a la vida como el supremo valor inviolable.

*Patricia Perelló. Abogada. Docente de Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Mar del Plata y Máster de “Problemas Sociales y Sistemas Penales comparados” de la Universidad de Barcelona.