Ley de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero ‘Diana Sacayán – Lohana Berkins'»

  1. Todxs somxs iguales, pero algunxs son más iguales que otrxs

El 10/06/2021 el Senado de la Nación aprobó la Ley de promoción de acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero “Diana Sacayán-Lohana Berkins”. De acuerdo a su texto el Estado deberá garantizar como mínimo el 1% de la contratación del personal de la administración pública, en todas las modalidades de contratación regular vigente.

El bloque constitucional de derechos humanos (art.75 inc. 22 CN) en sus diversos Pactos y Tratados aseguran el derecho al trabajo, a una justa retribución, al descanso, a su aprovechamiento, a la seguridad social, a la protección de la maternidad, a la jornada de trabajo limitada, a un nivel de vida adecuado, a la libre asociación, a la protección de la familia, al desarrollo progresivo, a la formación técnico profesional, a condiciones dignas y equitativas de labor, la libertad sindical, el derecho de huelga, el derecho a la salud, etc. Pero fue necesario reforzarlo con una ley específica porque esto no condice con la realidad de lxs personas trans. Todxs somxs iguales, pero algunxs son más iguales que otrxs.

Anteceden a esta ley la 26.618 del año 2010 que reforma el viejo Código Civil y la noción de matrimonio, reconociendo los mismos derechos matrimoniales y sucesorios a personas del mismo sexo con las de diferente sexo. El nuevo CC y C que produce modificaciones sustanciales en el ámbito de las relaciones interpersonales, en especial del matrimonio, de las uniones convivenciales, de filiación, sistema sucesorio, de Técnicas de Reproduccción Humana Asistida (TRHA).

En el año 2012, la Ley de Identidad de Género produce un nuevo cambio de paradigma en la cultura jurídica argentina. Este cambio de modelo permite el ingreso del reconocimiento hacia el género autopercibido, diferente al género asignado al nacer. En términos legales, “se entiende por ‘identidad de género’ a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales”. Esta definición trasciende los binarios femineidades/masculinidades tradicionales y permite incluir nuevas categorías de géneros tales como travestismo, transexualidad y transgéneros en la medida en que estos colectivos se identifiquen de alguna manera con estos binarios (una mujer travesti, un hombre transexual) y aunque es un gran avance, sigue disciplinando en términos de binarios dicotómicos.

Así, la Ley de identidad de género tiene, desde mi perspectiva, debilidades: a) no prevé la existencia de un tercer (cuarto, quinto, etc.) casillero para cuerpos y autopercepciones diferentes a las binarias hegemónicas, con lo que  favorece el modelo binario mujer varón con su correlato de femineidades y masculinidades), b) omite incorporar la noción de Orientación Sexual -esto es- “la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género, así como a la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas” conforme los Principios de Yogyakarta.

Sin embargo, tal como señala Diana Maffía, hay una ruptura profunda, que consiste en que las corporalidades que encarnan lo femenino y lo masculino no están determinadas. Se puede pensar que se rompe la relación determinista entre cuerpo sexo-género e identidad ya que la ley solo exige la autopercepción del género conforme el art.11 de la Ley de Identidad de Género.

La percepción subjetiva de identidad para pertenecer a un género depende de una autopercepción subjetiva que solo se puede constatar respetando la autonomía progresiva del niñx, lo que sucede cuando adquirió capacidades cognitivas y emocionales para expresarse.  

De cualquier manera, en todas estas leyes subyace la idea de igualdad que según Rossetti (2010) explica es un concepto difícil, dada su ambigüedad, vaguedad y carga emotiva con problemas importantes cuando se dejan de lado las abstracciones teóricas y se busca una delimitación concreta. Esto es así –dice el autor- porque no está claro qué se quiere significar con el término “igualdad” en general, e igualdad jurídica en particular. La igualdad junto con la libertad son dos pilares básicos de la protección de los derechos fundamentales pero la relación entre ambos es “tensa”, en tanto su coexistencia implica injerencias recíprocas al momento de resolver conflictos jurídicos y sociales. Un estado ideal de libertad puede afectar la igualdad y viceversa. Esto no obsta –reflexiona- para que se puedan individualizar ciertas diferencias entre ambas nociones. La igualdad para poder ser medida, implica inevitablemente una comparación entre al menos dos sujetos o situaciones. La libertad, en cambio, puede ser vivida como un estado. Junto a Bobbio se pregunta entre quiénes y sobre qué se hace la comparación que exige la igualdad y afirma que, si el ideal de igualitarismo es la “igualdad entre todos en todo” enfrentaremos problemas, en particular el de establecer cómo se solucionan las diferencias entre los integrantes del “todo”.

Una defensa de esta perspectiva colisiona con la idea de libertad, pero la pregunta nos acerca a lo que él denomina “el ideal de igualdad” que cada ordenamiento tiene en relación con sus normas para revertir “desigualdades fácticas” que existen en una sociedad y nos desafía a cumplir con la noción de igualdad hasta el máximo posible. Por otro lado, señala, son tantas las diferencias fácticas que la constante es un caos desigualitario –la desigualdad fáctica constituye la regla- y el derecho intenta generar criterios válidos para materializar la igualdad jurídica consagrada en los ordenamientos jurídicos.

Seyla Benhabib (1990) por su parte, discute con Rawls y con Gilligan la expresión “igualdad”, subrayando la importancia de individualizar y diferenciar al “otro concreto” del “otro generalizado”, distinción esencial para visibilizar lo invisible, y hacer efectivo el principio de igualdad y sus diferencias fácticas. Benhabib afirma que el punto de vista del otro generalizado implica considerar a todos y cada uno de los individuos como seres racionales, con los mismos derechos y deberes que desearíamos concedernos a nosotros mismos haciendo abstracción de la individualidad y la identidad concreta del otro. Nuestra relación con el otro –dice- está regida por las normas de igualdad formal y reciprocidad. Cada cual tiene derecho a esperar y suponer de nosotros lo que nosotros podemos esperar o suponer del otro. Las categorías morales que acompañan a tales interacciones son: el derecho, la obligación y los derechos consuetudinarios; y los sentimientos morales correspondientes son: respeto, deber, mérito y dignidad. El punto de vista del otro concreto tiene más exigencias. Exige considerar a todos y cada uno de los seres racionales como un individuo con una historia y una constitución afectivo-emocional concretas. Asumir este punto de vista exige hacer abstracción de lo que constituye “lo común”. El modelo que propone intenta comprender las necesidades del otro, sus motivaciones, qué busca y cuál es su deseo en cuanto autodefinición. La relación con el otro es regida por las normas de equidad y reciprocidad complementaria, según la cual, cada quien tiene el derecho a esperar y suponer de las otras formas de conducta por las cuales el otro se siente reconocido y confirmado en tanto que ser individual y concreto con necesidades, talentos y capacidades específicas. Las diferencias se complementan –no se excluyen-, las normas de interacción son privadas, no institucionales. Al tratar al otro con las normas de amistad, amor y cuidado, no solo confirmo su humanidad sino su individualidad humana. Las categorías morales que acompañan tales acciones son: responsabilidad, vinculación y colaboración. Los sentimientos morales son: amor, cuidado, simpatía y solidaridad.

El caos fáctico que señalaba Rossetti resulta razonablemente resuelto por Benhabib al identificar al otro concreto, y es posible entonces, aclarar el sentido en el que se promueve la efectividad del principio de igualdad jurídica proclamado tanto en el art. 16 de la CN como en el bloque constitucional de derechos humanos (art.75 inc.22 CN). Digo razonablemente resuelto, porque todavía falta incorporar al análisis las prácticas sociales de discriminación y transfobia.

¿Y entonces?

Sabemos que las personas trans tienen una expectativa de vida de entre 35 a 37 años porque no tienen acceso derechos humanos básicos como, por ejemplo:

  •  Familia: suelen ser expulsadas de su grupo familiar por su identidad de género y orientación sexual; 
  • Educación: son excluidas o se autoexcluyen de muchos espacios educativos donde sufren distintos tipos de persecuciones y acoso. En estos lugares con frecuencia no se enseñan ni se conocen las leyes que lxs protegen;
  • Justicia: las practicas judiciales con frecuencia están teñidas de transfobia;
  • Salud: hasta el momento de esta ley la principal fuente de ingresos de las personas trans suele ser el trabajo sexual y no por elección. Este trabajo exige cierto tipo de tratamientos para lograr cuerpos heteronormados  y demanda tratamientos que las personas trans no pueden costear, accediendo a otros procedimientos peligrosos que no son médicos

       La ley del cupo laboral trans es una buena noticia, aunque no deja de ser una gota de agua en el océano de la transfobia.

Lo que viene ahora es establecer estrategias de cambio cultural para que sea efectiva y de esto somos responsables todxs.

¡Sigamos pensando!

*Laura Cantore. Feminista. Dra. en Derecho y Cs. Sociales. Postdoctorada en Géneros