Lo Vuolo: “No se trata sólo de dar un ingreso sino de darlo como un derecho basado en el sólo hecho de pertenecer a una comunidad”

Rubén Lo Vuolo, economista por la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad de Pittsburgh, dialogó en exclusiva para el dossier sobre renta básica de la Revista Mugica. Quien es director del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (CIEPP) y presidente de la Red Argentina de Ingresos Ciudadanos (REDAIC), habló de las ventajas de la renta básica sobre las políticas focalizadas y cuán plausible resulta su aplicación a la Argentina.

  1. ¿Por qué una renta básica universal sería preferible a planes específicos orientados a sectores desaventajados?

En gran medida por el motivo por el cual se denomina también “ingreso ciudadano” (IC) a la propuesta. No se trata sólo de dar un ingreso sino de darlo como un derecho basado en el sólo hecho de existir y pertenecer a una comunidad política y social. No se trata de que el Estado decida arbitrariamente y conforme a los criterios del poder de turno quién merece o no recibir un ingreso fiscal, sino de garantizar el derecho de toda persona a reclamarle al Estado ese ingreso básico para la existencia del mismo modo que puede reclamar otros derechos (como salud, educación, etc.). Además, un IC o renta básica universal e incondicional es el único modo de prevenir que las personas caigan por debajo de un determinado nivel de ingresos necesario para cubrir necesidades básicas. Las actuales políticas exigen primero luego la carencia para luego evaluar si se merece la asistencia; así se genera lo que se llama una “trampa de pobreza”, esto es, se crea la necesidad de ser registrado como pobre para recibir la asistencia y mientras tanto se obliga a vivir en la carencia de ingresos. Finalmente, la universalidad e incondicionalidad del IC garantiza que las personas potencien su autonomía personal en lugar de ser dependientes de la asistencia estatal decidida políticamente por una burocracia para seleccionar arbitrariamente entre merecedores y no merecedores de asistencia. Las actuales políticas abren espacio para clientelismo político, selectividad arbitraria y consolida la fragmentación institucional de las políticas públicas separando entre quienes acceden a beneficios porque tienen ingresos propios y quienes sólo lo hacen bajo el estigma de no tenerlos. El IC incluye a toda la población en el mismo derecho y por lo tanto favorece la integración social en lugar de la fragmentación. Están mal llamadas como “inclusivas” las actuales políticas porque no incluyen sino que separan a las personas en distintos grupos y categorías según un criterio arbitrario del poder político.

  • Argentina ya cuenta con una cobertura universal de salud y educación pero quienes piensan en la Renta Básica apuntan a un estipendio que vaya más allá de satisfacer las necesidades básicas de modo tal que permitan a todos los ciudadanos un bienestar bastante por encima de la mera subsistencia. ¿Hacia fines de octubre de 2020 de cuánto dinero mensual estaríamos hablando?

Es un buen ejemplo la salud y la educación. En ambos casos toda la población tiene derecho a recibir beneficios del sistema público pero si prefiere puede contratar por su cuenta un seguro privado. Pero el Estado se hace cargo de garantizar un servicio básico en salud y educación garantizando el acceso de toda la población. Y financia esos servicios con tributos que lamentablemente son en su gran mayoría regresivos. El IC sería una garantía de un nivel de ingreso básico universal e incondicional para toda la población, al igual que salud y educación. Se le permite el acceso a toda la población y luego cobra impuestos progresivos de forma tal que los “ricos” que lo reciben “devuelvan” el beneficio. Para ello el IC opera como crédito fiscal en la declaración de impuestos a los ingresos (o ganancias). Este es el único modo de garantizar que exista cobertura universal y efecto distributivo progresivo, al tiempo que se evita la trampa de la pobreza. El monto depende de la estrategia de implementación, de las posibilidades fiscales y del sistema de protección social existente, dado que algunos programas vigentes se “ahorrarían” y se reemplazarían por el IC. La implementación debería ser gradual, teniendo control del impacto fiscal y de la cobertura. Todas las políticas sociales que hoy conocemos se fueron implementando de forma gradual y sus montos y cobertura se fueron regulando según las posibilidades fiscales.

  • Naturalmente entendemos que la aplicación de una propuesta como la de Renta Básica supone una reforma impositiva progresiva pero específicamente ¿qué porcentaje extra debería exigírsele a los sectores más pudientes para que la propuesta sea sustentable?

No se trata de adicionar un porcentaje extra de un impuesto particular, sino de reformular el conjunto del sistema impositivo empezando por el impuesto a los ingresos personales (ganancias) para que el ingreso ciudadano opere como un crédito fiscal efectivo en una escala progresiva que hará que a medida que suba el ingreso se pague más y a partir de un cierto punto se devuelva el monto total. A esta reforma hay que sumar impuestos progresivos. Hay que señalar que esta reforma progresiva es necesaria incluso sin el IC, pero el IC le otorgaría mayor legitimidad y sumaría fondos con impuestos como el impuesto a las herencias, a la renta financiera, a la contaminación ambiental, al consumo suntuario, a los grandes patrimonios, etc. Estas son en muchos casos reformas en impuestos que ya están vigentes.

  • ¿Cuáles de las experiencias de renta básica en el mundo usted toma como referencia? ¿Son trasladables esas experiencias al contexto latinoamericano?

No existe en el mundo una experiencia de ingreso ciudadano o renta básica tal y como está planteado por quienes defendemos la propuesta: universal, incondicional y operando como crédito fiscal en el impuesto a los ingresos. Existen políticas de pago universal e incondicional de un ingreso a toda la población (como en el caso de Alaska) o a algún grupo en particular (por ejemplo, a personas de un grupo de edad (menores de determinada edad o personas en edad pasiva). Todas estas experiencias, al igual que las múltiples “pruebas piloto” que se vienen realizando en muchos países son útiles para afinar el diseño de la política, pero justamente la propuesta se hace cargo de que lo que existe no funciona. Justamente, América Latina es un escenario que justifica y potencia la propuesta porque es la región más desigualitaria del planeta en materia distributiva, porque sus sistemas de protección social nunca lograron la cobertura universal de sus políticas, porque tiene un alto porcentaje de la fuerza de trabajo trabajando de manera no registrada en los seguros sociales, porque es mucho más potente la carga del trabajo no remunerado (especialmente en las mujeres), etc. O sea es un escenario donde los esquemas de seguro social complementados con múltiples programas focalizados muestran que no logran cobertura universal, no son redistributivos y dejan a la población atrapada de su situación en un mercado laboral y precario.