Pensando la salida económica

A partir del dolor por el fallecimiento de Mario Cafiero, lo recordamos con sus ideas y conceptos, siempre presentes, expresados en una nota que fue publicada por la Revista Mugica en el mes de abril.

Por una ley de suspensión de intereses financieros a empresas y familias, y por una moratoria de la deuda pública. Hay que recomponer la ecuación entre el capital financiero y el trabajo, para que algunos “vivos” no se aprovechen de los “tontos”. 

Así como estamos enfrentando los peligros sanitarios de la pandemia, los argentinos tenemos que repensar como afrontamos sus consecuencias económicas. Estamos claramente frente a un hecho absolutamente imprevisto: la necesidad de suspender el trabajo y la producción para protegernos de una pandemia. Es necesario por lo tanto analizar como tomar medidas inmediatas para que no haya un desequilibrio mayor y también analizar cómo se recomponen los contratos preexistentes que han sido afectados por la catástrofe.

Queda claro que estamos en el marco de la “teoría jurídica de la imprevisión” y que es un caso de “fuerza mayor”, que tienen (desde el código napoleónico) una larga tradición y jurisprudencia nacional e internacional.  Estamos frente a un hecho absolutamente imprevisto, inevitable e insalvable, que ha alterado la ecuación económica general de los contratos. Que produce un grave desequilibrio de las contraprestaciones y de ello se deriva un perjuicio grave para una de las partes. Como es el caso de las deudas financieras, donde por un lado el prestatario (que produce y/o trabaja) y por otro el prestamista que obtiene un interés del capital.

Suspensión de intereses financieros mientras dure el confinamiento:

La pregunta es: ¿Puede un prestamista seguir cobrando intereses cuando la otra parte o sea el prestatario está impedido de obtener ingresos por su trabajo o producción? ¿Puede seguirse devengando alquileres por una propiedad que no puede ser usada para el objeto del contrato?

Desde el 20 de marzo que se decretó el confinamiento, los bancos obviamente no han dejado de devengar intereses. De acuerdo a datos del BCRA en su informe Monetario Mensual abril 2020, solo por tarjeta de crédito, los intereses ascienden a un promedio de 40 millones de pesos por hora. Si sumamos toda la categoría de préstamos (hipotecarios, personales, prendarios, etc) los intereses ascienden a 104 millones por hora. Por otro lado de la ventanilla, los bancos no han tampoco dejado de pagar intereses a los ahorristas por los depósitos a plazo fijo, a razón de 47 millones de pesos por hora. 

Otro segmento importante del negocio bancario lo constituyen las LELIQ, que vendrían a ser lo que en Banco Central le paga a los bancos para que no presten plata y no inyecten liquidez en la economía. Si antes de la pandemia esto era cuestionable, ahora es absurdo en una economía necesitada de liquidez. El stock de Leliq alcanza a 1.503.406 millones de pesos y devenga intereses a razón 64 millones de pesos por hora. Dejo al lector que sume y reste los totales y calcule la menos los gastos y el plin caja.! del sistema financiero argentino.

Es evidente que se hace necesario corregir estos factores que causan un enorme desequilibrio en la macroeconomía, en la presión inflacionaria y en la distribución del ingreso. Pero ahora además se produce una brutal distorsión en las relaciones contractuales existentes, donde una de las partes no puede trabajar ni producir

Es injusto pretender cobrar intereses a las familias y a las empresas que se encuentran imposibilitados de generar los recursos para ello. Las empresas se encuentran imposibilitadas de producir, vender y cobrar. Y consecuentemente se reduce el ingreso de las familias. Frente a ello, ¿tiene lógica que se siga cobrando un interés financiero? No. Hay que detener una situación injusta que significa que la deuda crece impulsada por una proporción del interés compuesto (intereses sobre intereses) y el deudor no puede obtener ingresos para hacer frente a la deuda. Es una situación de usura. Hay que buscar una salida. 

Es necesario que el Congreso Nacional se aboque de inmediato a sancionar una norma, que así como benefició a los bancos en la crisis del 2001, en virtud del artículo 16 de la CN que consagra la igualdad ante la ley y del art. 17 que garantiza el derecho a propiedad, ahora impida que los bancos devenguen intereses impagables y a la postre se queden con los bienes de empresas y familias.

Moratoria, auditoria y reestructuración post pandemia de la deuda pública:

Los Estados nacional, provincial y municipal deben destinar recursos a atender la emergencia sanitaria, la subsistencia alimentaria de buena parte de su población y sostener de alguna manera la actividad económica. Al problema de la recesión que arrastrábamos, se suma la caída de la actividad económica como consecuencia de la necesaria política sanitaria de distanciamiento. Sabemos que cuanto más se necesite extender el distanciamiento, más se resentirá la actividad económica. El tiempo sanitario que estamos ganando, es a costa del tiempo económico que estamos perdiendo. Entre la bolsa o la vida, elegimos la vida. Pero la vida futura también necesitará que logremos sanar la enfermedad económica argentina.

En la pre-pandemia la política económica fue la de reestructurar la deuda para ganar tiempo, para luego aspirar a retomar un sendero de crecimiento que permitiera hacer frente a los compromisos futuros. Lógicamente la pandemia tiró por la borda los planes económicos de la Argentina y el de todos los países del mundo. La salida de fondos desde los países emergente ya es mayor que la crisis del 2009.  Todo ello en un mundo donde se alzan voces que reclaman una solución global al problema económico generado por la pandemia. 

El propio FMI alertó que “170 países podrían registrar una contracción de su ingreso per cápita este año” y que “algunos países enfrentan la carga de una deuda insostenible”. El FMI ya había dicho lo mismo para el caso argentino en particular antes de la pandemia. Ahora nos encontramos con una economía que puede caer entre un 5 a un 10% su PBI durante este año. Sin una quita importante de la deuda no daban los números antes, mucho menos ahora. Se impone una reestructuración postpandemia de la deuda. Ya hemos postergado el pago de los bonos bajo jurisdicción local, pero nos vamos a encontrar el mismo problema que siempre a la hora de lidiar con los bonos emitidos bajo jurisdicción extranjera, ya que no existe un mecanismo institucionalizado para la reestructuración de deudas soberanas. 

No existe un mecanismo para la insolvencia de los Estados nacionales, no hay procedimiento, ni un tribunal internacional. El núcleo del problema lo constituye el nombramiento de la instancia que deberá administrar y dirigir el proceso. Mientras tanto en este vacío jurídico, cuando se produce un default de bonos soberanos, los estados son considerados y tratados como comerciantes privados por las leyes anglosajonas. Ello desde 1992 cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos, en el caso Republic of Argentina vs. Weltover Inc., entendió que la emisión de títulos de deuda por parte de la Argentina es susceptible de recaer en jurisdicción americana y que la Argentina no tenía derecho a inmunidad soberana con relación a los mismos. El juez neoyorquino Griesa y los fondos buitres de Paul Singer nos condenaron salvajemente con un fallo injusto y usurario.  No podemos repetir la historia.

Lo primero que hace falta es una auditoría integral de la deuda externa. Lo puede y lo debe hacer el Congreso coadyuvado con el Procurador del Tesoro de la Nación. Comenzando por un análisis de la manifiesta inconstitucionalidad de la prórroga de jurisdicción a tribunales extranjeros en materia de deuda pública del Estado Nacional (Causa Cafiero-Negri-Llorens ante la CSJN 30.777/14). Una auditoria que determine el origen y aplicación de los fondos. Que establezca la relación entre el endeudamiento externo y la fuga de capitales. Que esclarezca el pago de intereses, de comisiones y titularidad de los acreedores. 

A partir de allí se debería plantear una propuesta de reestructuración soberana, cuyo peso no recaiga sobre aquellos que no se beneficiaron con la misma o sea la mayoría del pueblo argentino. La Argentina en su conjunto es acreedora del mundo. Ya que el stock de capitales fugados por una minoría de argentinos es mayor que el Stock de la deuda externa. Al que diga que “yo con mi plata hago lo que quiero” y solo le preocupe incrementar su patrimonio especulando, deberíamos contestarle desempolvando un concepto muy antiguo, pero no por ello eso menos vigente, el llamado “Dominio eminente del Estado sobre los intereses de los particulares” en tanto se afecte el bien común. Por allí pasa un esquema de resolución del problema, para que los “vivos” no se aprovechen de los “tontos”.