“Puede ser el comienzo para poner término al lawfare”

El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat habló en el programa radial No estoy solo y explicó los lineamientos claves del proyecto de reforma judicial presentado por el Gobierno, desmintió el argumento esgrimido por la oposición, que sostiene que se busca la impunidad de funcionarios kirchneristas, y analizó el alcance de las causas que comprometen a Mauricio Macri.

¿Qué opinión te merece el proyecto de reforma judicial?

Me parece bueno en líneas generales, es decir, en lo que refiere a la nueva Justicia Federal Penal, que se va a integrar con jueces que actualmente se desempeñan en el fuero Penal Económico y en el Penal Tributario. De esta manera se incrementaría a 46 el número de jueces federales penales en la Ciudad de Buenos Aires y eso va a licuar el perverso poder que ejerce actualmente Comodoro Py con una concentración de jueces que están contaminados por la incisión del poder, tanto político-económico como mediático y los servicios de inteligencia o espionaje que han merodeado en la administración de Justicia. Esto puede ser el comienzo para poner término al lawfare, esa perversa práctica que es una especie de continuadora de la Doctrina de la Seguridad Nacional de destruir al enemigo, solo que en lugar de emplear bombas, secuestros, torturas y desapariciones forzadas, se hace a través del mecanismo judicial provocando una especie de muerte civil y apartamiento de la sociedad como son las prisiones preventivas sin término. Esto debe ser celebrado al igual que la incorporación del procedimiento acusatorio que implica que el fiscal es quien lleva la investigación y la función acusatoria, y el juez de Garantías es el que hará cumplir la equidad en el trato a las partes; me refiero a defensa y acusación, y también especialmente la legalidad de las pruebas que se incorporan a las causas penales, es decir, no más fotocopias de cuadernos quemados o testimonios de arrepentidos presionados y extorsionados sin registro técnico de las audiencias donde han prestado esas declaraciones cómplices. En definitiva, un saneamiento de la administración de Justicia que recupere la credibilidad que ha perdido en toda esta etapa para que, nuevamente, tengamos un Poder Judicial de la Nación que actúe en la observancia de la supremacía de la Constitución y de los Tratados Internacionales de los Derechos Humanos.

¿Por qué es mejor que una causa la lleve adelante el fiscal, es decir, lo que denominaste como “sistema acusatorio”?

Porque efectivamente va a cumplir con honestidad su función que es acusar pero, del otro lado, habrá una defensa que va a tener igual posibilidad de ofrecer pruebas, que hoy en día están supeditadas a la voluntad del instructor quien, generalmente, incorpora toda la prueba acusatoria con una frasecita que habitualmente dice “las pruebas que ofrece el defensor no son importantes para la pesquisa penal” y te deja en la vereda. Entonces esto cambiaría con este sistema de equidistancia y de control de legitimidad de parte del Juez de Garantías y con el fiscal y la defensa cumpliendo su rol.

La oposición afirma que en realidad esto es una especie de gran pantalla que lo que busca es favorecer la impunidad de ex funcionarios kirchneristas ¿Creés que podría ser así?

Esa es una de las clásicas fake news porque ninguna de las causas que tiene radicación actual está sujeta a ser sorteada nuevamente. Se mantendrá el principio de juez natural de la constitución, sea bueno, regular o malo, y seguramente más malo que otra cosa, pero se va a preservar para que no se sostenga que sea una reforma de inspiración política y que tiene por única mira asegurar la impunidad de la gestión kirchnerista.

¿Hay alguna intención del Gobierno de ampliar el número de ministros de la Corte? ¿Creés que ésta sería una buena posibilidad?

Ampliar por ampliar no lo veo bien porque eso significa que siete o nueve jueces van a tomar todos los expedientes que por año ingresan a la Corte con lo cual se va a demorar aún más el trámite de 11 mil a 14 mil causas que ingresan. Lo que me parece inteligente es dividir en salas, con un número mayor efectivamente, por especialidad temática: civil y comercial, materia penal, materia laboral y seguridad social, tributario, y una sala constitucional que es la que va a definir el valor de constitucionalidad tanto de las leyes, decretos y resoluciones como también su sujeción a los tratados internacionales de Derechos Humanos, más conocido como control de convencionalidad. Aumentar por aumentar, ya vimos la experiencia menemista, no dio ningún resultado. Al contrario: desprestigió con esa mayoría automática el funcionamiento de la Corte.

¿Qué sabés de la situación procesal de Macri sobre todo en este contexto en el que ha viajado a Francia? ¿Pueden llegar a Macri algunas de las investigaciones que se están llevando a cabo en estos momentos?

Ninguna duda que deben llegar a Macri porque creo que todo este espionaje ilegítimo se hace solamente con orden presidencial ya que nadie se va a animar a tomar este tipo de iniciativas como propia de un funcionario de menor jerarquía. Creo que hay otras causas como la del Correo, los parques eólicos y, muy especialmente, que ahora se ha empezado a mover después de cuatro años de letargo, la causa de la investigación del arreglo con los fondos buitre, de las contrataciones que se hicieron por fuera del marco de habilitación constitucional para contraer empréstitos. Finalmente, como frutilla que corona el postre, el acuerdo con el FMI, que a pesar de que la Constitución taxativamente impone que debe ser aprobado o desechado una vez concluido por el Poder Ejecutivo, nunca le fue enviado este acuerdo desde el momento mismo en que entró en vigencia, de manera que ahora el Congreso de la Nación, si cumple y asume sus incumbencias constitucionales, cosa que sería muy de desear, tiene que revisar la legalidad de ese acuerdo de endeudamiento que no sirvió para ningún crecimiento ni desarrollo autónomo sino para la fuga de capitales y para tapar agujeros fiscales.

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