Un año de gobierno, pandemia y más allá

En una semana se cumple el primer año de gobierno del Frente de Todos y de Alberto Fernández como Presidente. Ante un presente que empieza a dejar atrás la etapa más dura de la pandemia y de sus consecuencias inmediatas, y en vista de la inminente llegada de la vacuna, el 2020 es un primer año de gobierno inédito, al que de todos modos, y como a toda gestión, le cabrá aquello que se resume en esa triada con la que se intenta realizar un balance: lo que no se pudo, no se supo, o no se quiso. Nadie escapa a ninguna de estas tres opciones.

En su primer año de gobierno, Alberto Fernández experimentó en carne propia, no ya como espectador crítico de los dos gobiernos de Cristina Fernández, la dura realidad de gobernar la Argentina. Su experiencia durante los cuatro años y medio como jefe de Gabinete fueron claves en su formación como un político destacado. El contexto del gobierno de Néstor en comparación a los del período de Cristina fue muy distinto; ni comparar con el contexto en el que inicia su mandato el pasado 10 de diciembre, combo de post macrismo más pandemia.

En su primer año, Fernández insistió en múltiples señales de acercamiento a una oposición que se encuentra en todos los ámbitos de la vida pública, la política, la empresarial y la mediática. Comprobó, como lo destacó CFK en una de las certezas de su carta, que no son los modos lo que impide llegar a acuerdos y consensos generales, ni tampoco el de establecer un destino común, una unidad de destino para los argentinos. Se encontró, de frente, con una oposición irracional, a veces al límite del ámbito democrático, como lo hacen los sectores dominantes ante un gobierno que no se avenga a los acuerdos que ellos imponen. En definitiva, una reiteración de nuestra larga historia.

Es hora de gobernar con el espíritu y vocación de diálogo y acuerdos que encarna Alberto Fernández, en tanto y en cuanto su imposibilidad de alcanzar tal objetivo no sea un obstáculo para atender las urgencias de las grandes mayorías que no pueden esperar los tiempos de quienes comen caliente todos los días.

El tiempo apremia y juega en contra. Remontar una pandemia como la actual sumado a los cuatro años catastróficos de macrismo, aunque a veces se pierda de vista, es una tarea titánica. Por tal motivo, lo que debían ser aquellas medidas reparatorias y esperables de un gobierno nacional y popular en su primer año, deberán comenzar a ejecutarse sin demora.

Los problema estructurales, pendientes muchos de ellos desde hace décadas, confluyen cual Alpeh en medidas que de manera inmediata pueden implementarse más allá del tiempo que demoren en lograr su total aplicación.  Esto, en definitiva, es lo que se denomina un plan económico de gobierno peronista: planificación y ejecución de los grandes objetivos de interés nacional en plazos determinados, tal el caso de los recordados planes quinquenales, trienales. Ordena, agrupa fuerzas y define con claridad espacios de competencia política. No es poco.

En el horizonte inmediato se encuentran viejos y recurrentes problemas que se tratan como inevitables o, en el mejor de los casos, se los enfrenta con medidas que impacten de la menor manera posible en el pueblo argentino, sin por ello ser una solución de fondo sino un mero paliativo.

Si bien el gobierno anunció una postergación del aumento de tarifas, las mismas continúan dolarizadas. Después de treinta años de privatizadas las empresas del Estado vía concesiones a grupos económicos que en su mayoría responde a capital extranjero, y a las de origen nacional que actúan con el mismo comportamiento, es insostenible e incompatible con cualquier proyecto de desarrollo que se persiga. La Argentina no puede darse el lujo de sostener la tercerización de la administración de sus empresas estratégicas dilapidando los miles de millones de dólares que salen del país por medio de remesas de utilidades al exterior.

No hay obstáculo alguno para que se revisen los contratos de concesiones de las generadoras, transportadoras y distribuidoras de electricidad y de gas, de manera tal que esos recursos, vuelvan a la administración del Estado, a menos que se siga creyendo que el sector privado es más honesto y eficiente que el sector publico. Cabe lo mismo para las concesionarias del sector energético. Grandes ganadoras a través de todos los gobiernos democráticos. Sector clave en la patria concesionaria que supimos parir a partir de los años 90.

Durante el segundo gobierno de Cristina Fernández hubo un proyecto que revertía esta ignominiosa arquitectura de la patria concesionaria. De haber seguido ese camino se hubiera puesto fin a treinta años de pésimo servicio, nula inversión y de estafa al Estado. La revisión de contratos para dar comienzo a un plan de recuperación de esos recursos no atenta contra la cantinela de la seguridad jurídica y la confianza de inversores. A menos que, también, se crea en eso.

El otro punto ineludible es el precio de la comida en vista de los datos que arroja la inflación de los últimos dos meses (octubre 4.8%) y de lo que se prevé para los siguientes. Desatender el proceso de concentración del sector en la producción de alimentos junto a la cadena de grandes supermercados en lo que hace a la formación de precios, requiere de medidas impostergables. No se trata de hacer acuerdos de precios con estos grandes grupos, de manera temporal, sino el de aplicar las medidas que apunten a la desconcentración y extranjerización del sector clave: la comida de los argentinos está en pocas manos y extranjeras, con nula acción por parte del Estado en su regulación. ¿Es sostenible el actual esquema con más del 50% de los argentinos debajo de la línea de pobreza? O será que una de las razones de semejante y vergonzosa  pobreza se empieza a explicar en el proceso que desde hace treinta años eligió la Argentina extraviada.

Inevitablemente esto implica, también, un nuevo diseño en el comercio exterior, no sólo en lo relativo a las liquidaciones de dólares sino al impacto de regular el sostenido aumento de precio de commodities como la soja, maíz y trigo, con inmediato traslado a precios de los alimentos. El esquema actual de retenciones deberá ser revisado nuevamente, hacia el alza, como medida de reaseguro al impacto inflacionario.  Las recientes medidas del Banco Central de exigir a los exportadores a liquidar los dólares retenidos a riesgo de ser sacados del listado de operadores de comercio exterior es un avance, al menos dentro de un contexto de urgencia mientras se ataca el problema de la concentración del sector agroexportador, la logística, puertos, transporte y acopiadoras.  

Es inescindible a lo planteado respecto al comercio exterior, una reforma tributaria realmente progresiva que dé respuesta a las posibilidades de cada sector de la economía. No puede considerarse por igual la carga tributaria de una Pyme, una empresa nacional y de una trasnacional, las que reinvierten en el país o las que envían sus utilidades al exterior. No puede dejar de planificarse políticas de estímulo y apoyo al capital nacional, tanto en lo que refiere a la cuestión tributaria como a la de la promoción de financiamiento que afiance la expansión de la actividad económica, atendiendo al fortalecimiento del mercado interno.

La defensa del interés nacional implica bregar por la independencia económica. La Argentina es un país dependiente, apenas estas pinceladas alcanzan para demostrarlo. No hay futuro posible de desarrollo, de generar trabajo y de cuidar el ahorro de los argentinos si no es a partir de una fuerte voluntad transformadora que

dé respuesta y solución a las causas de la decadencia de todas las variables que se tomen.

Esa voluntad transformadora, en beneficio del interés general, contará con el único apoyo irremplazable, con la única alianza con la que se lograrán los mayores y perdurables acuerdos y consensos, y es con el pueblo argentino.

Las medidas que den repuesta a afianzar una alianza dando respuesta a las necesidades de las grandes mayorías tendrán su correlato electoral. Aunque pretendan hacernos creer lo contrario, no se ha inventado nada que supere esa alianza.