Una propuesta frente a la desestabilización

 La última semana de agosto, vigésimo cuarta de pandemia, puso claramente de manifiesto las vigentes relaciones de poder y las alternativas que enfrenta la Argentina: el moderado progreso económico/social que impulsa el gobierno o la restauración conservadora que pretende la oposición.

    El Ejecutivo marcó agenda mediante tres decisiones que despertaron la ira de las corporaciones: 1) restableció mediante un decreto la condición de servicios esenciales y estratégicos de las tecnologías de la información y el conocimiento; 2) envió al Congreso un proyecto de ley que introduce reordenamientos parciales en la organización de la Justicia; 3) hizo lo propio con el que impone un aporte “solidario”,  y por única vez, a 12.000 propietarios de grandes fortunas de entre 200 y 3.000 millones de pesos, apenas el equivalente a la renta extraordinaria de la que se apropiaron durante la pandemia.

    Si para estos días se anticipan nuevas medidas, la oposición económica, mediática y judicial se lanzó a bloquear las ya anunciadas, por lo que agudizó su ofensiva desestabilizadora, su presión para frenarlas y forzar retrocesos que aíslen al gobierno e, incluso, deteriore la base político y social que lo sostiene.

     Así, aparecen nuevas líneas de maceración ideológica por parte de los sicarios mediáticos, que a la vez amplifican las irresponsables y destituyentes definiciones del arco opositor.

    Peligrosas definiciones del arco opositor amplificadas por los medios

    Alguna vez advertimos que, iniciada la actual gestión, los intentos de condicionar sus primeros pasos se convertirían en presión directa.

    Después de las PASO y hasta el 10 de diciembre de 2019 tuvimos operaciones diarias sobre “el avance de La Cámpora” y “el kirchnerismo duro”, a la vez que se demonizó una supuesta “Conadep de periodistas” (apenas una ironía militante de Dady Brieva), la “reforma agraria” de Juan Grabois (recreación de una reivindicación de la burguesía francesa del siglo 18) o una tímida referencia de Felipe Solá a la disuelta Junta Nacional de Granos (instaurada por los propios conservadores de la tercera década del siglo pasado, para regular mínimamente el sector).

    En esos días, Eduardo Eurnekian, Paolo Rocca, Marcos Galperín, la Sociedad Rural, entre otros, se apresuraron a pedir entrevistas y/o mandar “constructivos” mensajes al futuro Presidente.

    Hoy, sin disimulo, los mensajes son advertencias y amenazas. La oposición y los medios boicotean abiertamente el funcionamiento del Parlamento, convocan a un diálogo que no practican y reclaman un consenso al que entienden como la renuncia gubernamental a cumplir con el contrato electoral con sus votantes, a reemplazar su agenda por la de ellos.

    “A ocho meses de asumir le estamos soplando en la nuca al peronismo”, se autoexcita el ex senador Ernesto Sanz. Este radical alvearista no se priva de preguntar amenazante acerca de “¿Cuánto tiempo demora esto en explotar?”. Con los reflejos propios de su tan lejana como olvidada militancia peronista, Patricia Bullrich, actual presidenta del PRO, se apresura a completar la idea: “Ya estamos para gobernar”.

    El “flash psicótico” de Eduardo Duhalde, quien alucinó con un golpe militar que impediría las elecciones de medio término, no fue otra cosa que un aporte más a este clima destituyente sembrado por la corporación política, mediática y judicial.

    Se explica, entonces, la fuerte reacción democrática al dislate del expresidente interino, aún con su casi nula gravitación política actual, pero resulta incomprensible la total falta de reacción ante las graves afirmaciones del senador radical Luis Naidenoff durante el debate por la denominada “Reforma Judicial”. Ninguna figura del oficialismo, tampoco medio de prensa alguno, comentó y menos condenó, su cuasigolpista cierre en nombre del bloque de Juntos por el Cambio, cuando reclamó abiertamente la intervención de la Corte Suprema si avanza el proyecto ya aprobado en la Cámara alta.

    El Ejecutivo, un poder electo en sufragio universal, propone. Otro poder, también surgido de la voluntad popular, discute, propone y legisla. Ambos deciden un reordenamiento parcial del poder más elitista y objetado por la sociedad, el único que no es elegido ni revalidado por el sufragio. Y Naidenoff, como en las páginas más oscuras de la historia argentina y de su propio partido, lo convoca para que anule la voluntad mayoritaria de los representantes del pueblo.

    A este amplio abanico, en sus distintas etapas, aplica la austera definición de desestabilización: “Es la acción de debilitar las instituciones políticas de un Estado y de erosionar la autoridad de sus gobernantes, de modo que el sistema en su conjunto pierda seguridad y firmeza”.

     ¿Qué hacer?

        Un reconocido psicoanalista argentino, quien suele incursionar con agudeza en la reflexión política, transcurre estos caldeados tiempos con la convicción de que el reclamo de medidas progresivas desde la izquierda del FdT puede complicar la estabilidad del gobierno.

    En un mundo achechado por el poder de las corporaciones -alerta con respetable, aunque muy reiterado temor- los llamados al protagonismo y la movilización popular, incluso algún reparo dentro de la propia alianza gobernante, pueden contribuir a “un humor social reactivo” y encubrir “un intento de calmar las conciencias, que además desconocen que en el mundo entero se prepara la repetición, ahora como farsa, de los totalitarismos del siglo XX”.

    De tal manera, ante el poder del privilegio y su abierta presión sobre el gobierno, cabe replegarse en lugar de enfrentarlas, sin dejar de lado la prudencia, pero construyendo una fuerza equivalente y en lo posible superior desde el campo popular.

    En lugar de disminuir, los peligros crecen si nos adaptamos a las relaciones de fuerza dadas, festejamos la inmovilidad y pasivamente confiamos la suerte del proceso a la capacidad de resistencia de la dirigencia. Aún si esa aptitud fuera firme, quienes deben decidir carecerían del pivote necesario desde el cual fundamentar, difundir y dar sustento a la aplicación de un contrato electoral escasamente ambicioso, pero aun así duramente resistido.

        Hemos dicho, repetimos y reiteraremos, que se impone institucionalizar el FdT, ponerlo en funcionamiento, generar espacios de propuesta y decisión para los partidos que lo integran, sumando la participación activa de las organizaciones populares que acompañan.

    A la vez, ir hacia lo profundo de nuestro pueblo, arraigarlo a nivel sectorial y territorial, convertir el frente en un orientador, coordinador y organizador programático colectivo a lo largo y ancho del país.

    No se trata de convocatorias abstractas. Solo a modo de ejemplo, podemos ubicar la inminente discusión parlamentaria y luego la aplicación del aporte “solidario” de las grandes fortunas.

    Será necesario explicarlo y organizar su difusión, para defenderlo frente a la brutal reacción del poder real, sin dejar de lado la opinión de quienes entendemos que es necesaria una reforma tributaria integral, que realmente recaude en forma permanente, entre los que más tienen, los recursos para enfrentar la emergencia, resolver las necesidades sociales y recuperar el trabajo y la producción.

   La batalla de ideas debe ir acompañada con organización.

    Si el proyecto de ley dispone que el 20% de lo recaudado se destinará a la “compra y/o elaboración de equipamiento e insumos críticos para la emergencia sanitaria”, hay que clarificar el alcance de esta decisión y garantizar su cumplimiento mediante la estructura del FdT entre médicos, enfermeros y personal de salud, así como de los trabajadores de las ramas que proveerán el material. Si otro 20% fortalecerá las fuentes de trabajo y la remuneración de los trabajadores de micro y pequeñas empresas, y un 20% se aplicará a becas Progresar para estudiantes, el FdT debe explicar el significado de esta conquista y afirmar la presencia en cada uno de los lugares de trabajo y de estudio. El mismo saldo en la conciencia y la organización debe lograr el FdT con la aplicación del 15% en “los barrios populares en proceso de integración urbana”, o entre los trabajadores que velarán por el 25% destinado a los programas de exploración y desarrollo de gas natural a través de ENARSA, con la coordinación de YPF.

    Son formas concretas de entender de qué hablamos cuando proponemos y convocamos a la necesaria construcción de poder popular en cada uno de los lugares de trabajo, estudio y vivienda.

    Un llamado a dejar de lado la expectativa o la pasividad temerosa ante las presiones internas y los intentos desestabilizadores. A contraponerles movilización y protagonismo.

*Alberto Nadra. Escritor y periodista